ROMA. Responsables del Gobierno de Italia criticaron hoy las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal italiana, Angelo Bagnasco, que se mostró a favor del voto secreto en el Parlamento sobre el proyecto de uniones homosexuales.

 

El subsecretario del Gobierno para las relaciones con el Parlamento, Luciano Pizzetti, dijo a los medios que «las exhortaciones son justas, pero cómo regular el debate en el Senado lo decide el presidente» de la cámara, Pietro Grasso.

 

Durante una misa, el primado de la iglesia católica italiana abogó por emplear el voto secreto durante el estudio del proyecto dirigido a legalizar las uniones homosexuales, que ya ha comenzado a debatirse en el Senado.

 

Sus palabras fueron consideradas por diversos actores políticos como una injerencia en la vida pública italiana ya que durante la primera votación de este texto en el Senado, ayer, el presidente de la cámara Grasso optó por emplear una votación pública.

 

La tramitación del proyecto de ley que reconoce las uniones homosexuales -no el matrimonio- ha suscitado una gran controversia en Italia, sobre todo porque permite a un miembro de la pareja adoptar al hijo biológico de su compañero.

 

Este texto ha suscitado división tanto en los grupos políticos como en el propio Ejecutivo y numerosos legisladores de la formación del primer ministro italiano, Matteo Renzi, a pesar de ser de centroizquierda, ya han mostrado su desacuerdo con algunos puntos.

 

Las críticas a Bagnasco fueron numerosas, sobre todo de organizaciones por los derechos homosexuales como Gaynet Italia, cuyo presidente, Franco Grillini, criticó al cardenal y le acusó de «confundir el Parlamento con el confesionario».

 

El diputado del Partido Demócrata (PD, en el Gobierno), Alessandro Zan, publicó en Twitter un mensaje en el que podía leerse: «Cardenal, piense en las almas que en las leyes ya pensamos nosotros».

 

Pero también hubo quien defendió las palabras del presidente del episcopado italiano, como el también miembro del PD Edoardo Patriarca, quien consideró que «la Iglesia y el cardenal Bagnasco tienen derecho de expresar su opinión».