La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal anunció que ofrecerá apoyo a los padres de Bernardo Benítez Arroniz y José Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, para realizar nuevas pruebas genéticas a los restos hallados en el Rancho El Limón.

 

Aunque la dependencia informó que no se interrumpirán las medidas de apoyo y atención brindadas a las familias, los padres de una de las víctimas aseguraron que todos los gastos han sido absorbidos por las familias que investigaron el caso los primeros días y se mudaron a Tierra Blanca para exigir resultados a las autoridades locales.

 

La Fiscalía General de Veracruz y la Gendarmería Nacional informaron esta semana a los padres de las víctimas que habían localizado un fragmento de 5 centímetros de hueso (tibia) que corresponde con el ADN de Bernardo, pero la familia rechazó el acta de defunción para solicitar dos nuevas pruebas.

 

En el lugar donde estaba dicho fragmento de hueso, las autoridades hallaron evidencias de que incineraron, al parecer, un cuerpo.

 

El mismo lunes los investigadores también dieron a conocer que encontraron una prenda con sangre de José Alfredo, pero su familia no quiso recibir el acta de defunción porque considera que no es prueba contundente para darlo por muerto, como desean las autoridades.

 

Para las dos familias el estatus que tienen sus hijos en este momento es de desaparecidos y piden que continúe la búsqueda.

 

“Esta Comisión apoyará a las madres y padres de la y los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, para que se realice un segundo peritaje a los restos encontrados hasta el momento, y de los que se presume pertenecen a dos de ellos.

 

“La Ley General de Víctimas protege a las familias en su derecho a conocer la verdad del caso y a nosotros nos obliga a hacer que se cumpla ese derecho, por lo que nos haremos cargo de lo que implique un segundo peritaje”, adelantó Jaime Rochín, comisionado presidente de la CEAV del Gobierno Federal, en un comunicado.

 

De acuerdo con el comunicado, las víctimas secundarias, las familias, tienen derecho a recibir de la CEAV asesoría y representación jurídica, apoyo médico y sicológico, de trabajo social, apoyo para gastos derivados del seguimiento del proceso, como gastos de traslados y viáticos, además del derecho de acceder a las medidas de reparación integral que la Ley General de Víctimas les concede.

 

Además, recibir alguna o todas estas prestaciones que la Ley les otorga, no está condicionada a renunciar a ningún derecho, ni a que la investigación del caso concluya.