Tras una riña en el Centro de Readaptación Social del Topo Chico, la cual dejó 49 muertos, el Comité Ejecutivo Municipal del PRD exigió al gobierno de Nuevo León apoyo legal, moral y psicológico a los familiares de las víctimas.
Asimismo, pidió el cese inmediato de la directora del penal, Gregoria Salazar Robles y del secretario de Seguridad Pública y encargado de los centros penitenciarios en la entidad, Cuauhtémoc Antúnez.
También urgió atender las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como resolver el tema de sobrepoblación penitenciaria dentro de dicho reclusorio.
Además pidió una investigación exhaustiva y transparente ante la innegable omisión y/o sumisión de los responsables de la seguridad al interior del Centro Penal.
A través de un comunicado, el sol azteca recordó que Antúnez fue encargado de la Séptima Zona Militar cuando otros casos de violación de Derechos Humanos ocurrieron en la entidad; como fue el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, asesinados por soldados sin que hasta la fecha se haya disculpado públicamente, por esos también lamentables hechos.
Tras las declaraciones del gobernador del estado, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, al decir que está al control y mando, solicitó la respuesta a las siguientes interrogantes:
Cómo es posible que haya existido un enfrentamiento de población penitenciaria adscrita a diferentes dormitorios, qué papel desempeñaron los custodios que permitieron el tránsito y enfrentamiento entre reclusos, por qué la autoridad tardó tanto tiempo en reaccionaren la contención de este enfrentamiento y seguirá postergando y olvidando los graves problemas que tiene Nuevo León para hacer proselitismo político fuera del Estado que debe gobernar
“En el PRD nos pronunciamos por una procuración de justicia apegada a derecho, porque nadie sea sometido a torturas ni tratos crueles, así como por el derecho de la víctima a ser resarcida por el daño sufrido”, indicó.