La misión de observación electoral de Unasur llamó a los bolivianos a ejercer en libertad su derecho a votar el domingo en el referendo constitucional y la Defensoría del Pueblo pidió garantizar una “total transparencia” en el proceso que decidirá el futuro político del presidente Evo Morales.

 

La misión de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) y el defensor del Pueblo, Rolando Villena, se pronunciaron a falta de dos días para la consulta que decidirá si se modifica el artículo 168 de la Constitución para ampliar de dos a tres los mandatos presidenciales consecutivos permitidos.

 

Más de 6,5 millones de electores se han inscrito para participar en el referendo, impulsado por el oficialismo con el fin de permitir que el presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, puedan presentarse otra vez como candidatos en los comicios de 2019.

 

En un informe, la Unasur exhortó a la ciudadanía boliviana a “ejercer su derecho a votar en libertad y que su pacífico comportamiento en los recintos electorales favorezca a generar el clima de paz y tolerancia que debe caracterizar a las elecciones democráticas”.

 

La misión, formada por 22 personas, la encabeza el exvicecanciller uruguayo Roberto Conde y como coordinador también viajó a Bolivia el presidente del tribunal electoral de Paraguay, Jaime Bestard.

 

El secretario general de la Unasur, el colombiano Ernesto Samper, también se encuentra en el país andino y ha pedido que los bolivianos salgan a votar “en paz, masivamente y según sus conciencias por la opción que consideren que más le sirve al futuro” del país.

 

Además, han llegado una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, y otra del Mercosur, dirigida por su alto representante, el brasileño Florisvaldo Fier, conocido como Doctor Rosinha.

 

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un comunicado que garantice “la total transparencia, imparcialidad y legitimidad” de la consulta.

 

Asimismo, solicitó que ese órgano tome “las decisiones que correspondan para evitar cualquier acción o intento de empañar este ejercicio democrático”, ya sea de parte de autoridades, políticos o grupos que pretenden “arrogarse la representatividad de los movimientos sociales”.

 

La Defensoría reclamó al TSE que se respete “la voluntad y la decisión soberana del pueblo, cualquiera que esta sea, evitando cualquier acción que pretenda desvirtuarla o conculcarla”.

 

Villena lamentó que la campaña llevada a cabo tanto por el oficialismo como por la oposición haya perdido su sentido original y se haya convertido en un plebiscito sobre Morales.

 

Según el defensor, la distorsión ha sido “premeditada e interesada” con el propósito de confundir al electorado, lo que, advirtió, debilita la calidad de la democracia boliviana.

 

El propio Morales ha asegurado varias veces que el referendo le servirá para saber si la gente lo quiere o no lo quiere.

 

El mandatario defiende la reforma constitucional argumentando que debe seguir con los planes de desarrollo y reducción de la pobreza hasta el 2025, cuando Bolivia cumple 200 años de su independencia.

 

Morales y García Linera iniciaron su primer gobierno en 2006, el segundo en 2010 y el tercero en 2015, por lo que correspondería que el siguiente mandato que buscan sea identificado como el cuarto.

 

Sin embargo, con el respaldo de un fallo del Tribunal Constitucional, los mandatarios defienden que el primer periodo de gobierno 2006-2010 no debe computarse porque Bolivia fue refundada por Morales como Estado Plurinacional en el 2009, año en que también se aprobó la Carta Magna que ahora pretenden modificar.

 

Al margen de esa situación excepcional, de aprobarse la reforma cualquier otro mandatario podría quedarse en el poder quince años.

 

Los llamamientos a la votar sin presiones se hicieron en la primera jornada de vigencia del auto de buen gobierno, que impone varias restricciones con vistas a la jornada electoral del domingo.

 

El auto de buen gobierno prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos e incluso en domicilios privados, veta las reuniones y espectáculos públicos y el día de la votación impide circular en vehículos o viajar dentro del país.

 

La Policía reportó que en La Paz al menos 30 personas fueron detenidas por violar las restricciones de consumo de alcohol.