LA PAZ. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se juega este domingo su futuro político en el referendo constitucional que definirá si los bolivianos le autorizan o no a presentarse otra vez como candidato en 2019, para buscar un cuarto mandato consecutivo.
El mandatario se trasladó el sábado por carretera desde Cochabamba (centro) a la zona del Chapare, donde sufragará acompañado de sus bases de productores de hojas de coca, que en los 10 años que lleva en el poder han sido un pilar central de su gobierno.
El gobernante viajó acompañado por un grupo de autoridades y de periodistas con los que a medio camino compartió un almuerzo, y este domingo votará en una escuela de la localidad chapareña de Villa 14 de septiembre, informaron fuentes oficiales.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que también aspira a la reelección con la misma reforma constitucional, expresó su confianza en que la votación transcurrirá sin problemas.
“Estoy seguro que va a ser una actividad electoral muy tranquila, como siempre lo ha sido, el pueblo boliviano defiende su derecho al voto, su derecho a decidir”, dijo.
En la ciudad de Sucre (sureste), desde donde dirigirá los comicios, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, convocó a “una masiva participación, pero que siempre esté enmarcada en el respeto a las diferentes opiniones”.
Morales, quien ha ganado todos los procesos electorales en los que se jugó su propio liderazgo, se enfrentará a una jornada de votación a la que su imagen y la de su gobierno llegan golpeadas por denuncias de supuesta corrupción, que han rechazado de plano.
El mandatario ha defendido que quiere postular en 2019 para optar al período 2020-2025 para seguir trabajando en los proyectos de industrialización del país que siguen pendientes y continuar avanzando en la reducción de la pobreza, en la que sí hubo logros.
Más de 6.5 millones de electores se han inscrito para participar en el referéndum y definir si aceptan o rechazan la reforma del artículo 168 de la Constitución del Estado para subir de dos a tres el número de mandatos presidenciales consecutivos permitidos.
De aprobarse esa modificación, Morales y García Linera podrán presentarse otra vez como candidatos para buscar un mandato hasta el 2025, cuando Bolivia cumplirá 200 años de su independencia.
Morales y García Linera iniciaron su primer período en 2006, el segundo en 2010 y el tercero en 2015, por lo que correspondería que el siguiente mandato que buscan sea identificado como el cuarto.
Sin embargo, debido a un fallo del Tribunal Constitucional ese nuevo mandato posible se contaría como si fuera el tercero.
Según el órgano constitucional, el primer periodo de Morales, 2006-2010, no debe computarse para ese recuento porque Bolivia fue refundada como Estado Plurinacional en el 2009, año en que también se aprobó la Carta Magna que ahora se pretende modificar.
Si la reforma se rechaza, Morales y García Linera cumplirán el mandato que tienen hasta el 22 de enero del 2020 y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), deberá presentar otros candidatos en 2019, una posibilidad de la que el propio mandatario ha hablado.
La oposición ha hecho campaña contra el cambio constitucional afirmando que la prorroga en el poder daña la democracia.
Dos de los dirigentes opositores, el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) y el empresario Samuel Doria Medina han expresado previamente que si el resultado del referendo es contrario a los mandatarios, deben concluir sin problemas su actual período.
Los comicios contarán con observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (Mercosur) e instituciones electorales de varios países de la región.
En los últimos días y de forma coincidente con el cierre de las campañas, el clima político fue golpeado por el grave hecho de violencia que supuso un ataque de miles de manifestantes contra la alcaldía de El Alto, en manos de la opositora Soledad Chapetón.
Los manifestantes incendiaron el miércoles el edificio municipal causando la muerte por asfixia de seis funcionarios, tragedia ante la que las autoridades respondieron con la detención de los supuestos instigadores de la protesta, entre ellos dos dirigentes vinculados al oficialismo.