A través de la embajada de México en España, el gobierno federal armó toda una maquinara diplomática y legal para apoyar a Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, durante los días que estuvo detenido en Madrid por presuntos delitos de lavado de dinero de Los Zetas
Una investigación de el diario El País revela que en los ocho días que el ex gobernador de Coahuila permaneció en la prisión de Soto del Real, el gobierno de Peña Nieto puso a su disposición a los mejores abogados “para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle”, atender a su familia y sacarle de prisión.
La mayor gestión ocurrió el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en que el juez de la Audiencia Nacional decidió dejarlo en libertad, cuando la procuradora general Arely Gómez se interesó por el caso ante su homóloga española Consuelo Madrigal, a quien llamó por teléfono para solicitar información sobre la posición de los fiscales españoles.
La fiscal Madrigal declinó facilitar información a Gómez. “El caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, según reveló un portavoz al diario español.
Humberto Moreira fue detenido en el aeropuerto el 15 de enero, cuando regresaba a España y buscaba trasladarse a Barcelona, lugar donde se estableció tras haber sido investigado en México por desfalco durante su administración en Coahuila. Ese mismo día la embajada de México en Madrid recibió la orden de volcarse en el caso.
Un grupo estuvo encargado en brindar atención a Vanessa Guerrero, esposa de Moreira, y sus hijas, quienes durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle del Prado, a escasos 100 metros de la legación diplomática.
La misma tarde y noche de la detención funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada no dejaron de llamar a los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para conocer por qué se había detenido a Moreira y que indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI.
El mutis de los agentes españoles causó malestar en la legación diplomática. Ante la estrecha relación entre la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, en la embajada esperaban que les revelarían por qué había caído Moreira. Lo que no ocurrió. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, dijo una fuente española al diario.
El 18 de enero, el cónsul de México en Madrid arribó a la prisión de Soto del Real para visitar al reo, mientras que se ofreció el caso al abogado Manuel Ollé.
Otra muestra de que la embajada se volcó en el caso de Moreira fue que sus chóferes recogieron en el aeropuerto madrileño a Ulricht Richter, el abogado mexicano que también defendió al ex mandatario. “Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, agrega otra fuente citada por El País.
Otro intento por conocer detalles de las acusaciones contra Moreira se registró con un escrito enviado por la embajada mexicana al juez Pedraz, encargado del caso.
En el documento, se solicitó información como los delitos sobre los que se investigaba a Moreira, cuanto duraría el secreto de sumario, el resultado de la audiencia celebrada el día 22; si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza; y el tiempo que puede durar la instrucción del caso. La respuesta del juez realizó una respuesta protocolaria, según fuentes judiciales.
Tras ser absuelto, Moreira dejó España el 3 pasado de febrero. Al llegar a México se declaró inocente.