La Comisión del Registro Federal de Electores (RFE) aprobó un proyecto de lineamientos para evitar el robo de identidad con fines ilícitos.

 

Ello, mediante la implementación de un sistema de autentificación de datos de la ciudadanía, el cual permitirá verificar que quien se identifique con una credencial de electoral sea realmente el portador de la misma.

 

En la tercera sesión extraordinaria, su presidente Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que se tiene un registro de 59 mil casos de robo de identidad en 2015, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (Conducef).

 

El proyecto aprobado que se remitirá al Consejo General para su discusión y en su caso aprobación en la sesión programada para el 26 de febrero establece que cuando un ciudadano realice algún trámite ante alguna institución pública o privada, será objeto de la verificación de sus datos personales, previa autorización.

 

Entrevistado tras la sesión de la Comisión, Andrade González recordó que con Banamex se realizó una prueba piloto y ahora el sistema se ampliará a las instituciones públicas y privadas que así lo soliciten, previa firma del convenio respectivo.

 

Entre ellas, los notarios públicos, bancos, procuradurías, el gobierno capitalino, así como los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

 

A través del sistema se corroborarán los datos personales del solicitante de un crédito bancario, de vivienda o de auto para conocer si en realidad es el o la portadora de la mica, de ser así, se encenderá una “palomita verde” o un “tache rojo”, cuando no sea el dueño de la credencial.

 

“Previamente se le solicitará al ciudadano si pueden verificarse sus datos de la credencial con fotografía, una vez que acepte, el banco enviará al INE vía satelital, el nombre y número de la credencial de elector del ciudadano, que denominados OCS (…) lo único que se va a contestar en segundos será una palomita verde o un tache rojo”, reiteró.

 

Aclaró que en el segundo caso, “no se va a decir a quién sí corresponden los datos del ciudadano, pero se tendría un indicio de que ahí hay un posible robo de identidad en caso de que los datos no corresponden a la persona que se haya identificado con ellos”.

 

Precisó que en el caso de las instituciones bancarias, éstas contarán además con la posibilidad de verificar la huella dactilar del o la ciudadana que solicite hacer algún trámite, para lo cual se seguirá el mismo procedimiento de verificación.

 

Entonces, “creo que este servicio de autentificación de huellas es una de las situaciones que nos va arrojar más beneficios porque sería muy difícil que la huella dactilar pudiera ser falsificada”, puntualizó el consejero.

 

El consejero electoral Ciro Murayama aclaró que el Instituto busca en todo momento proteger a las y los ciudadanos del mal uso de su credencial para votar con fines ilícitos, por lo que “no vamos a estar transmitiendo datos (personales bajo su resguardo) por motivo alguno, eso hay que dejarlo claro”.

 

“No se trata de transferencia (a las instituciones financieras), solamente de comprobar que los datos que se están accediendo a través del sistema son reales y eso es porque los entregó el propio ciudadano”, resaltó Murayama Rendón.

 

A su vez, el consejero electoral Benito Nacif indicó que la aprobación de estos lineamientos pretende dar solución a un problema importante, costoso y oneroso, como es la usurpación de identidad “que crece y afecta a diversas instituciones no solo bancarias y financieras”.

 

Además, dijo, hay diversas instituciones públicas como es el Registro Público de la Propiedad o aquellas que expiden documentos como podría ser el pasaporte o las licencias de conducir, que requieren para su expedición la credencial para votar como medio de identificación oficial.

 

De tal suerte que se busca poner a disposición de la ciudadanía un instrumento para evitar este daño patrimonial y abuso al que pueden ser sometidos.

 

“Este proyecto, desde mi punto de vista, es un proyecto para proteger un derecho que está consagrado en la Constitución, el Artículo 4 que es el derecho a la identidad”, añadió.