RÍO DE JANEIRO. En una nueva fase de la investigación, que ha recibido el nombre de “Acaraje”, en alusión a un término empleado por algunos de los investigados para referirse a los pagos en especie, la policía busca esclarecer el esquema de pagos de sobornos que incluían, entre otros, a cargos públicos brasileños y argentinos.
De acuerdo con la investigación, João Santana habría recibido hasta tres millones de dólares a través de empresas ‘offshore’ (en paraísos fiscales) vinculadas a la compañía constructora Odebrecht, una de las mayores de Brasil, con operaciones en decenas de países, muchos de ellos de América Latina.
Santana es presidente de Polis Propaganda e Márketing, empresa responsable de las últimas dos campañas políticas de la presidenta Dilma Rousseff.
Representantes de la policía federal afirmaron en Curitiba (sur), en una declaración a los medios de comunicación, que en el transcurso de las investigaciones fueron descubiertos documentos con registros de gastos de las campañas electorales de 2008 y 2012 vinculadas al partido de Rousseff.
En estos documentos aparecen, además, las siglas M.O. que, de acuerdo con las autoridades, serían una referencia a Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa constructora Odebrecht y en prisión desde el pasado 19 de junio debido a acusaciones de irregularidades en contratos firmados con Petrobras.
Las investigaciones apuntan a que el empresario habría tenido el control sobre los pagos realizados, entre 2012 y 2013, por medio de empresas offshore a Santana, con fondos que eran depositados en diversas cuentas en Suiza.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima afirmó que existe un mandato judicial de prisión temporal contra Santana, que no ha podido ser ejecutado debido a que el investigado se encuentra con su mujer fuera del país.
El comisario Igor Romario de Paula, en tanto, señaló que el nombre de Santana y de su esposa, Mónica Moura, quienes están en República Dominicana, país donde el publicista tiene negocios, serán incluidos en la lista de personas buscadas por la Interpol.
Mediante este esquema, también habrían recibido pagos el ex diputado José Dirceu, durante años el principal colaborador del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y condenado en 2012 en el marco de la investigación, y diversos cargos públicos argentinos.
Según la policía federal, que investiga el caso, las empresas privadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas.
La petrolera ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, la red de corrupción que operó en la empresa se apropió en forma ilegal de unos dos mil millones de dólares.