El gobierno mexicano es receptivo a las exigencias de la sociedad civil y toma en cuenta las observaciones de organizaciones como Amnistía Internacional para generar políticas públicas, aseguró de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Durante la entrega de los Reconocimientos por la Igualdad y la No Discriminación 2015 entregados por Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Campa Cifrián también aseguró que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el objetivo del gobierno es aclarar los hechos y castigar a los culpables.
Respecto al informe global que presentó ayer Amnistía Internacional, destacó que los señalamientos que hace de México son prácticamente los mismos que presenta sobre los derechos humanos a nivel internacional, y resaltó que la participación del gobierno y la sociedad civil en conjunto es indispensable para revertir cualquier abuso.
Confió que en el actual Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión se aprueben las iniciativas de ley contra la tortura y la desaparición forzada que el presidente Enrique Peña Nieto envió.
En caso Ayotzinapa el compromiso es llegar a la verdad y castigar a culpables
Roberto Campa se refirió igualmente a los 43 normalistas desaparecidos desde 2014 en Iguala, Guerrero, al resaltar que el gobierno está comprometido en llegar a la verdad y castigar a los culpables, para lo cual diariamente trabaja con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
“Nuestro compromiso común en el caso de Ayotzinapa es alcanzar la verdad, garantizar la justicia, que todos aquellos responsables paguen por lo que hicieron , atender a las víctimas, los derechos de las víctimas y hacer que finalmente seamos capaces de garantizar que un evento terrible como este no se repita”, señaló el funcionario.
En Tierra Blanca se trabaja de cerca con los padres
En el mismo sentido el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) resaltó que se trabaja de cerca con los padres de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz.
En cuanto a las quejas de familiares de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, dijo que las medidas especiales tomadas en prisión son justificadas debido a que esa persona se ha fugado dos veces y que el Artículo 18 constitucional prevé aplicar condiciones especiales en casos de integrantes del grupos del crimen organizado.
Resaltó que el uso proporcional de la fuerza contra la delincuencia organizada es un asunto complejo; se debe buscar equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la exigencia de la ciudadanía de más seguridad.