En la ciudad de México, por lo menos desde hace más de cuatro años las iniciativas de ley para regular y poner en cintura la operación de los cuerpos de seguridad privada y escoltas se han quedado en el papel. Aunque en junio de 2013 entraron en vigor lineamientos más estrictos para las personas que se dedican a dicha labor, a la fecha esas medidas no se cumplen a cabalidad, y muestra de ello es la existencia de un nuevo proyecto para regularlos.

 

Por lo menos desde 2012 se ha postergado el proyecto para regular a los cuerpos de seguridad privada y escoltas, cuando el grupo parlamentario del PVEM se pronunció por una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Privada y a la Ley de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México.

 

En ese año, el entonces coordinador de la bancada, Raúl Nava Vega, señaló que a pesar de la regulación existente en la materia, la propuesta buscaba reforzar la regulación de esos esos cuerpos de seguridad con mayor precisión.

 

La intención se quedó en la congeladora, y no fue hasta el primer trimestre de 2013 cuando el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se pronunció por las iniciativas de ley para identificar los vehículos que utilizan los escoltas.

 

El 1 de abril de ese año, el mandatario capitalino remitió a la Comisión de Gobierno de la ALDF la iniciativa de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la ley de transporte y vialidad del distrito federal y reforman y adicionan diversos artículos de la ley de seguridad privada para la Ciudad de México.

 

Como antecedente a dicho decreto, en marzo del mismo año, la Consejería Jurídica anunció la proposición de una iniciativa de ley que regulara en particular el servicio de escoltas, en la cual se contemplaba que aquellos que tengan antecedentes penales por delitos dolosos o de privación ilegal de la libertad y que salgan positivo en el antidoping no podrían seguir trabajando como guardaespaldas de funcionarios o de particulares.

 

Como resultado de dichas iniciativas, el 26 de junio de 2013 se publicaron las reformas a la Ley de Seguridad Privada aprobadas por la Asamblea Legislativa, en las cuales se estableció que aquel elemento que no cuente con los requisitos de ley, entre cuyos lineamientos se estableció que el personal deberá utiliza uniforme, armamento, automóviles y equipo únicamente en lugares y horarios de servicio, sería acreedor a una multa de los 3 mil hasta los 5 mil días de salario mínimo.

 

Sin embargo, a la fecha, diversas irregularidades han sido relacionadas con estos elementos, quienes en la mayoría de los casos no se han acreditado debidamente ante agresiones y abusos en contra de particulares, como fue la agresión que la semana pasada denunció el  city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag.