El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, manifestó el compromiso del gobierno federal de pagar de manera oportuna a los constructores que intervengan en el Programa Escuelas al CIEN si, y solo si, los trabajos se hacen con calidad y se entregan a tiempo, además de que sean avalados por padres de familia.

 

Al firmar como testigo de honor el convenio entre el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y la Cámara de la Industria de la Construcción, remarcó el compromiso de quienes obtengan las licitaciones de contratar mano de obra local.

 

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó además la importancia de la construcción para coadyuvar económicamente al desarrollo de economías locales, pues permite multiplicar, acelerar o poner en marcha otras partes de la industria y el comercio de los sitios donde se lleva a cabo.

 

“Por nuestra parte, efectivamente nos vamos a comprometer a hacer los pagos de manera oportuna pero si, y sólo si, los trabajos se realizan de manera oportuna”, expuso el funcionario.

 

“Por ello, un mecanismo fundamental de cómo está diseñado este programa es que los trabajos y las obras no se terminarán de pagar hasta que no se tenga la firma de satisfacción de los padres de familia y la comunidad educativa de que esa obra se entregó de acuerdo y en conformidad con los objetivos trazados”, precisó.

 

“Hasta ese momento se pagará la totalidad del trabajo. Nos comprometemos a que si están esas firmas y la comunidad escolar está conforme, porque se hizo un buen trabajo, nosotros también cumpliremos con un pago pronto, como debe de ser, sin retrasos, que no les genere problemas a quienes participan en este programa”, dijo.

 

El director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza, aclaró que el programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) no va dirigido a construir nuevos centros académicos.

 

Indicó que con base en los diagnósticos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Inifed, los recursos serán encauzados a las necesidades básicas de cada plantel.

 

“Que en base a esos diagnósticos exista un presupuesto específico para cada uno de ellos. Se dice fácil, pero son más 33 mil planteles educativos que habrán de intervenirse –con 50 mil millones de pesos– de aquí al 1 de diciembre de 2018”, comentó.

 

Gutiérrez de la Garza agregó que “asumimos el reto y lo hacemos con la responsabilidad debida. Sin embargo, lo importante es hacer un trabajo en equipo gobierno y sociedad, gobierno y planta productiva”.

 

Lo importante es que la obra se realice sobre los puntos específicos de necesidad de esa escuela –sanitarios, impermeabilización, muros, techos, paredes, seguridad estructural, red de agua potable, conexión a la red de infraestructura, mobiliario básico– para tener una educación de calidad.

 

La razón de este esfuerzo es que la educación de calidad no puede estar disasociada de una escuela digna, subrayó.

 

A su vez el presidente nacional de la Cámara de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, dejó claro que este programa tiene muchas bondades.

 

“Independientemente del beneficio que implica una obra, y van a ser no menos de 33 mil programas de modernización y mejoramiento de escuelas, significa una gran oportunidad para las empresas constructoras, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, que son más de 95% en el país”, hizo notar.

 

Arballo Luján destacó que más de 50% de estas empresas van a tener oportunidad de trabajar en este programa.