La representación perredista ante el INE interpuso un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra la resolución del Consejo General de remover a tres y no a los siete integrantes del Organismo Público Local Electoral de Chiapas.
En la queja interpuesta el 25 de febrero, la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) argumentó que el pleno debió remover a la totalidad de los consejeros electorales chiapanecos por su evidente responsabilidad en las irregularidades acontecidas en las elecciones de 2015.
Lo anterior, al dejar de lado el principio de paridad de género en las listas de candidatos a diputados locales y ayuntamientos, además de que permitió múltiples irregularidades en la integración de la lista nominal de electores de la entidad.
De acuerdo con la representación perredista, las omisiones del Instituto Electoral de Participación de Chiapas “fueron plenamente acreditadas y constituyen violaciones graves que contravienen los principios que rigen al INE y que están consignados en nuestra Constitución política”.
Además, porque en este caso, se configuraron plenamente las causales de remoción, previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“En Chiapas hubo fraude electoral y fue orquestado por la propia autoridad electoral local. Se vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad en un doble sentido. No sólo se atentó contra la paridad, sino también contra el derecho a votar de chiapanecos mediante una serie de acciones y omisiones en el proceso de confección de la Lista de Electores”, acusó.
“Atendiendo a nuestro derecho, acudimos al tribunal pues hechos como éstos no deben tolerarse y menos repetirse, porque el INE y sus organismos locales deben tutelar nuestros derechos cívicos fundamentales”, puntualizó el PRD en su queja.
En su sesión del 19 de febrero, el pleno del INE aprobó por unanimidad la remoción de los consejeros Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Carlos Enrique Domínguez Cordero y Margarita López Morales, debido a que incurrieron en diversas violaciones a la Constitución, entre otros en materia de paridad de género, en el proceso electoral de junio de 2015.