Los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca fueron asesinados en el Rancho El Limón, fueron quemados y sus restos molidos y tirados a un río, de acuerdo con la declaración del octavo detenido, Rubén Pérez Andrade, informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa.

 

“Conforme la información con la que se cuenta, (los jóvenes) fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río”, señaló en entrevista con Noticieros Televisa.

 

El subsecretario indicó que dicha información fue comunicada el lunes a los familiares de las cinco víctimas de desaparición, cuatro jóvenes y una adolescente de 16 años, en el municipio de Tierra Blanca.

 

En la reunión “dimos cuenta de la detención y puesta disposición de un juez de un octavo” policía estatal, cuya declaración fue “muy relevante” porque “estuvo presente prácticamente en todos los momentos clave” de lo ocurrido el 11 de enero, señaló.

 

“Esa es la información que se deriva de esta declaración”, la cual dijo, “es importante porque hasta ahora la investigación se está conformando, principalmente, con información técnica”, es decir, con huellas digitales, teléfonos, entre otros, dijo el funcionario federal en entrevista con Ciro Gómez Leya para Radio Fórmula.

 

Los cinco fueron detenidos por policiales estatales en una gasolinera de Tierra Blanca cuando regresaban de un viaje de vacaciones, un momento que fue captado por cámaras de vídeo ubicadas en esa zona y por un vecino de uno de los muchachos.

 

Los jóvenes fueron detenidos “simplemente porque (a los agentes) les parecieron sospechosos”, señaló Campa.

 

Sobre Pérez, octavo detenido quien se identificó como elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, detalló que estaba con el delegado de la Policía estatal en Tierra Blanca, Marcos Conde, cuando éste fue informado de la detención de los jóvenes.

 

Detalló que los cinco jóvenes fueron llevados a un lugar para alejarse de las cámaras de videovigilancia, para luego llevarlos a un tercer punto para interrogarlos; posteriormente fueron llevados al Rancho El Limón, “donde vuelven a interrogarlos; donde los privan de la vida”.

 

El jefe le ordenó que se trasladara a un segundo lugar, al que llegó Pérez, quien presenció además cuando los jóvenes fueron llevados “a un tercer punto”, donde les hicieron “un primer interrogatorio a los muchachos”, narró el subsecretario.

 

Rancho El Limón, última parada

 

Finalmente, el agente se dirigió al rancho El Limón, donde los jóvenes fueron otra vez interrogados, “los privan de la vida y está en el inicio del proceso de desaparición de los cuerpos”, aseveró.

 

Por ello, su declaración es “muy relevante”, señaló el subsecretario, quien recordó que Conde “ya está detenido y sujeto a proceso” por este caso.

 

También está detenido Francisco Navarrete Serna, presunto narcotraficante perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación y jefe de plaza del crimen en ese municipio.

 

Sobre la localización de los restos de los cuerpos, el subsecretario explicó que, además del proceso de investigación, con el que se cumple con el derecho a la verdad, los familiares tienen el derecho a la búsqueda.

 

Agregó que el día de ayer se dio a conocer que se trabaja con otros restos.

 

Habló de un tercer derecho, la reparación del daño “y también estamos trabajando en esta tercera parte”, sostuvo.

 

¿Otro Ayotzinapa?

 

El subsecretario admitió la similitud de este caso con el de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

 

Según la versión oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos por los agentes y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

 

Sin embargo, esa teoría es rechazada por los padres de las víctimas, por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudia el caso desde marzo de 2015 y por forenses argentinos, que han dicho que no hay evidencias de que fueran quemados en ese basurero.