Desde la llegada de la actual administración federal, el modelo de política social busca otorgar los derechos sociales a todos los mexicanos dejando atrás el asistencialismo; ahora, a tres años de esta nueva política, el gobierno federal informó que hay resultados positivos.
“La nueva política social comienza a dar resultados. De acuerdo con el Coneval, el porcentaje de población en pobreza extrema pasó de 9.8% en 2012 a 9.5% en 2014”, informó el gobierno.
Uno de los programas más exitosos en el combate de las carencias sociales es la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual atiende actualmente a 5.8 millones de mexicanos que sufrían de pobreza extrema en el rubro de alimentación.
Desde la puesta en marcha de la Cruzada (en enero de 2013) se han repartido “Tarjetas sin Hambre” a 572 mil 283 familias, las cuales adquieren 19 productos de alto contenido nutricional en las tiendas Diconsa a través de este instrumento.
El éxito de este programa, añade el gobierno federal, está respaldado por el Coneval, que en su Informe de Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre señala que entre 2013 y 2015, 57.5% de sus beneficiarios superaron la carencia alimentaria.
Dentro de su plan de acción social, el gobierno también reconoce la pluriculturalidad del país, por lo que en estos tres años brindó atención especial a los indígenas. Ejemplo de ello es que de 2013 a 2015 se abrieron 128 casas y 183 comedores para niños indígenas.
Además, como una de las acciones de inclusión a sectores vulnerables, se adecuaron cinco mil 400 escuelas para que sus instalaciones sean aptas para la movilidad de alumnos con algún tipo de discapacidad.
Otro de los derechos sociales que más ha impulsado el gobierno federal es el acceso a la salud. En la presente administración 12.6 millones de personas se han afiliado al Seguro Popular.
Por otra parte, en 2014 por primera vez se alcanzó una cobertura de 97.8% entre los niños y niñas de un año en las vacunas contra sarampión y rubéola, entre otras.
Además, en los últimos tres años se invirtieron 25 mil millones de pesos en la construcción o modernización de 500 unidades hospitalarias y dos mil 600 unidades de consulta externa a lo largo de todo el país.
Finalmente, y para solventar el derecho a la vivienda digna, el gobierno de la república otorgó subsidios y créditos para la compra o mejora de tres millones de hogares.