Senadores, académicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales, coincidieron en la necesidad de contar con una ley que apueste al desarrollo y profesionalización de los cuerpos policiacos, que impida la impunidad y la colaboración de estas instituciones con los grupos delincuenciales, en el marco del foro “La sociedad civil ante el crimen y la inseguridad” celebrado en el recinto de Paseo de la Reforma e Insurgentes.
La senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, informó que el año pasado, se registraron más de 12 mil defunciones por homicidio, sobre todo en entidades como el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco.
Además el Sistema Nacional de Seguridad, agregó la senadora del PRI, ha reportado más de un millón y medio de presuntos delitos del fuero común, cometidos en 2015, a cerca de más de 40 mil víctimas.
Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asentó que “ningún modelo policial va a funcionar si no apostamos al desarrollo de los cuerpos policiacos, a la capacitación, servicio de carrera y ascenso real de los integrantes de las instituciones de seguridad”.
Dijo que el año pasado en México se recibieron un promedio de 90 millones de llamadas de emergencia, de las cuales 75% fueron falsas. Sólo en enero de este año, se registraron 8.6 millones de solicitudes de auxilio, de las que también 75% resultaron falsas. Por ello, una de las prioridades es el impulso al número único de emergencia, con un protocolo homologado de actuación de los centros de operación.
En tanto, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que en los últimos 20 años, México ha vivido una crisis de inseguridad, “que por más que tratemos de minimizar es una crisis que no ha constado profundamente y de la que todos los mexicanos somos víctimas”.
Además, dijo, existe “una psicosis y esquizofrenia entre los datos oficiales que nos dicen que vamos muy bien” y la realidad que enfrentan los ciudadanos: “Hay una irresponsabilidad de los gobiernos locales y una falta de rendición de cuentas que no permite construir un diagnóstico y políticas públicas adecuadas para combatir el grave problema que tenemos”.
En este contexto, enfatizó que las organizaciones sociales pueden supervisar, evaluar, acompañar y ser un contrapeso a las autoridades que se encargan de la seguridad pública.
Jaime Rochin del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, destacó la importancia de tener presentes de casos como los que se registraron en los municipios de Iguala, Guerrero, y Tierra Blanca, Veracruz, donde el crimen organizado, en complicidad con agentes del Estado, cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Insistió en que existe una propuesta del presidente Peña Nieto en materia de seguridad, que puede ser cuestionable, criticada o modificada, pero “es urgente que no permitamos que siga habiendo esta impunidad y colaboración del crimen organizado con autoridades policiacas a nivel municipal y estatal”, porque hemos visto que hay este patrón se repite en muchas otras entidades.
María Elena Morera, de Causa Común, adelantó que desde la sociedad civil exigirán que el marco jurídico en esta materia no contemple sólo al mando único policiaco, porque lo que se necesita son instituciones de seguridad que les sirvan a los ciudadanos.
“El mando único es un tema gerencial, que es importante sí, pero no es la base ni el fundamento para construir una nueva ley. El fundamento es cómo la policía le va a servir a los ciudadanos y cómo vamos construir esas instituciones en las que los policías realmente puedan tener una carrera de vida”, asentó.
Antonio Mazzitelli, representante de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, propuso fortalecer la ley para proteger a testigos y colaboradores de la justicia, así como a los observatorios para monitorear la implementación de las políticas de seguridad por parte de las instituciones de seguridad.