BRASILIA. El Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó la denuncia entablada contra el presidente de la Cámara de Diputados de ese país. Eduardo Cunha irá a juicio por su presunta implicación en los escándalos de corrupción alrededor de Petrobras. El político ha sido acusado de recibir sobornos relacionados con la contratación de dos buques de perforación rentados por la petrolera estatal.

 

De acuerdo a la acusación formulada por la Procuraduría General de la República, Cunha recibió unos cinco millones de dólares de la vasta red de corrupción que operó en la petrolera, gracias a su intermediación en contratos amañados para la adquisición de dos buques sonda por parte de la empresa estatal.

 

Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, pero el año pasado anunció su decisión personal de pasar a la oposición y se declaró “adversario” de la presidenta Dilma Rousseff.

 

Por las mismas acusaciones que enfrenta en el Tribunal Supremo, Cunha también está sometido a un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que puede despojarlo del cargo de presidente de ese órgano legislativo o incluso de su mandato.

 

El Consejo de Ética decidió continuar ese proceso, que había sido objetado por la defensa de Cunha.

 

El proceso contra Cunha comenzó en el Consejo de Ética el pasado octubre, pero desde entonces el presidente de la Cámara Baja se ha valido de diversas maniobras para postergarlo una y otra vez.

 

En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a fines del año pasado iniciar los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, solicitado por la oposición por unas irregularidades en las que el Gobierno habría incurrido para maquillar sus balances fiscales de 2014 y 2015.

 

Ese juicio político llegó a comenzar, pero fue interrumpido por la Corte Suprema debido a algunos “errores de procedimiento”.

 

Tras esa decisión, la Cámara de Diputados pidió al tribunal que aclare algunos aspectos de esa decisión, pero la corte aún no se ha pronunciado, lo cual todavía mantiene paralizado el proceso contra Rousseff.