WASHINGTON. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy a Honduras medidas cautelares para asegurar la seguridad del activista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido durante el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.
“Tomando en cuenta la información presentada que indica que Gustavo Castro ha decidido salir del país para salvaguardar su seguridad, la CIDH considera necesario que el Estado tome todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad durante todo el proceso para preparar y completar su salida”, considera la comisión.
Un juzgado hondureño prohibió el sábado a Castro su salida del país para que pueda declarar en Honduras como “única persona” que acompañaba a Cáceres en el momento de su muerte.
CNDH exige defensa máxima
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) brindar “el mayor nivel” de defensa al activista mexicano.
El quinto visitador general Edgar Corzo Sova, dijo que la CNDH entró en contacto con su par en Honduras y si bien no tiene facultades para conocer la actuación de instituciones u organismos extranjeros, si lo tiene con el actuar de autoridades mexicanas.
CIDH solicita protección para familia de Berta Cáceres
Amismo, la CIDH pidió a Honduras medidas cautelares para proteger a la familia de la líder indígena hondureña asesinada el pasado jueves.
La comisión solicita también protección para los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) por considerar que se encuentran “en una situación de riesgo” por su labor como defensores de derechos humanos, según explicó hoy el organismo en un comunicado.
Cáceres, líder y cofundadora de Copinh, fue asesinada el pasado jueves en su casa en La Esperanza (Honduras), al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, según la información preliminar que ha trascendido.
La líder indígena gozaba desde 2009 de medidas cautelares de protección solicitadas por la CIDH, aunque autoridades de Honduras dijeron el pasado jueves que la activista en principio había aceptado dicha seguridad pero luego pidió que fuera suspendida, algo que su familia ha desmentido.
El crimen de la líder indígena ha conmocionado a la sociedad hondureña, que de nuevo exige el cese de la violencia que a diario se cobra la vida de 13 personas en el país, según datos de las autoridades locales. (Con información de EFE)