En la región más violenta del mundo, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se cometen un tercio de los homicidios pero sólo vive el 9% de la población en todo el planeta, a las mujeres les toca la peor parte.
Un estudio reciente de Amnistía Internacional señaló que la violencia de género en América Latina ha adquirido rango de “violencia institucional” en el caso de las mujeres y expone que los gobiernos del área han fracasado en prevenir y erradicarla.
El documento, titulado “El Estado como catalizador de la violencia contra las mujeres”, sentencia que la violencia contra la mujer no va a desaparecer en América Latina y el Caribe “si no cambian las leyes y las políticas y prácticas públicas discriminatorias en el campo de la salud sexual y reproductiva”.
Las palabras feminicidio o femicidio se han vuelto de uso cotidiano, y aparecen un día sí y otro también en la prensa latinoamericana, y resulta elocuente que aún no sea incluido en los diccionarios pero ya forme parte de los códigos penales en 16 países de la región.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, este crimen consiste en el asesinato de mujeres por parte de hombres por el sólo hecho de ser mujeres: por misoginia y por sexismo de hombres que sienten que son superiores y que tienen derecho de terminar con sus vidas.
Esta inquietante espiral de asesinatos ha movilizado a organizaciones civiles y provocó una de las más grandes manifestaciones que se recuerden en la región para repudiar los feminicidios, bajo el lema “Ni una menos”, a raíz de una serie de homicidios de mujeres en el país y en Ecuador.
El asesinato dos mujeres jóvenes mochileras, Marina Menegazzo y María José Coni, provenientes de la región argentina de Mendoza que desaparecieron en la localidad La Montañita, de Ecuador el 22 de febrero de 2015, fue el último episodio en la agenda de violencia de genero. Los cuerpos presentaban huellas de violencia en la cabeza y en el cuerpo, perpetrados por sujetos a quienes habían solicitado dinero porque les dijeron que les habían robado y estos las llevaron a casa de uno de ellos, donde se perpetró el crimen, según las investigaciones.
Las redes sociales arden de indignación a causa de este y otros episodios de violencia contra las mujeres y catapultaron el movimiento “Ni una menos”.
Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y a poco más de 9 meses de la movilización de Ni Una Menos, que el 3 de junio del año pasado congregó a más de 350 mil personas en la Plaza Congreso de Buenos Aires y que se replicó en más de 120 ciudades de toda Argentina, sus dirigentes, en un texto entregado a 24 HORAS señalaron que, como se expresó en las consignas de estas protestas la lucha contra los feminicidios en América Latina “exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias, nacionales, provinciales, municipales”, pero esa respuesta aún no ha llegado.
En referencia a Argentina, pero que de igual modo se puede aplicar a toda la región, las dirigentes señalaron que las leyes todavía no se reforman de manera suficiente para combatir la lucha contra la violencia machista, y las oficinas especializadas y “hot lines” destinadas a atender a las víctimas “no alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales”.
También formularon duras críticas a la prensa por la manera en que tratan el tema de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres y consideraron que “debe repensarse por completo”.
El movimiento “Ni una menos” consideró que “desde los medios se siguen reproduciendo opiniones en las que se juzga a la víctima: cómo estaba vestida, quiénes eran sus amistades, sus modos de divertirse, si viajaba ‘sola’, hasta se habla de ‘víctimas propiciatorias’. Es el ‘algo habrán hecho’ aplicado a las víctimas de femicidio”, señala
Y esa misma frase puede aplicarse también a la mayor parte de la región, donde se sigue matando a las mujeres por el sólo hecho de serlo.
Catalina Martínez, Directora Regional para América Latina y el Caribe, de la ONG Centro por los Derechos Reproductivos, señala en entrevista a 24 HORAS que para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “resulta esencial que los Estados de la región reconozcan que los derechos reproductivos son derechos humanos fundamentales que deben ser promovidos, protegidos y garantizados”.
La dirigente explica que “muchas manifestaciones de violencia de género – como la violencia física y la violencia sexual –conllevan a otras violaciones de los derechos reproductivos”.
Asimismo, estima que la habilidad de ejercer control sobre el propio cuerpo “resulta esencial para cerrar el ciclo de violencia” y que las leyes, políticas y prácticas que restringen el ejercicio de los derechos reproductivos también constituyen “violencia contra las mujeres per se”.
Además, hace notar que a menudo en la región los programas gubernamentales destinados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no incluyen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
“La criminalización de estos servicios esenciales de salud constituye una violación sistemática de los derechos humanos, ocasionando secuelas físicas y psicológicas que son otra instancia de violencia de género. La mayoría de los países de la región tienen leyes que criminalizan los servicios de salud sexual y reproductiva, basándose en estereotipos de control e inferioridad que son causa y efecto de la violencia de género”, dice.
La violencia contra las mujeres es un asunto tan natural que a veces pasa frente a los ojos de todos sin ser notado excepto por las víctimas o se visibiliza sólo cuando ocurren casos graves, pero tendría que ser un tema cotidiano que debiera combatirse en los propios hogares, según los especialistas.
Actualmente, según la CEPAL, 20 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes de violencia contra las mujeres, pero solo ocho asignan recursos específicos en el presupuesto nacional, es decir, el 40%.
Además, hizo notar que 14 países de la región han tipificado el delito de femicidio (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana), mientras que Argentina y Venezuela establecen el homicidio agravado por razones de género en su legislación.
La violencia contra las mujeres es un asunto tan natural que a veces pasa frente a los ojos de todos sin ser notado excepto por las víctimas o se visibiliza sólo cuando ocurren casos graves, pero tendría que ser un tema cotidiano que debiera combatirse en los propios hogares, según los especialistas. Sobre todo, tendría que haber una “cero tolerancia” a los asesinatos violentos de mujeres.
Esto significa hacer realidad el mantra del movimiento Ni una menos, que presiona para que no haya “más mujeres muertas por feminicidio”. Por el contrario, han dicho, “queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas”.