Diversos pueblos y comunidades indígenas tzotziles, tzeltales y choles de una docena de municipios en Chiapas urgieron a los presidentes de México y Honduras, Enrique Peña Nieto y Juan Orlando Hernández, a que agilicen las diligencias en la investigación de homicidio de Berta Cáceres que permitan al activista ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, director de la organización civil Otros Mundos Chiapas, salir de Honduras y volver a casa.
Manifestaron su preocupación porque no se respeten sus derechos humanos y su vida siga en riesgo. Por ello, piden a Honduras que cumpla con levantar la alerta migratoria impuesta al defensor mexicano una vez que concluya el proceso judicial por el homicidio de la activista Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), sin que haya ningún otro motivo ni acción que se lo impida.
Señalan como responsables a ambos gobiernos de garantizar su “seguridad e integridad física y psicológica” durante la ampliación de declaración y su permanencia en la embajada de México en Tegucigalpa.
“Exigimos la intervención al más alto nivel”, concluyeron en asamblea regional del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Movite) en el Ejido La Ilusión, municipio de Simojovel de Allende, Chiapas.
“El asesinato cobarde de la compañera indígena lenca y el intento de asesinato del ambientalista hermano mexicano no es una casualidad y mucho menos un hecho aislado”, por ello urgieron a la justicia hondureña a no dejar la línea de investigación hacia la empresa china que presionó al COPINH para arrebatar e inundar sus tierras con una represa hidroeléctrica.
Este cobarde acto es la práctica de exterminio del capital internacional con complacencia de los gobiernos, aseguran.
En un llamado también a la ONU, a los consulados en Tapachula y Comitán, a defensores nacionales e internacionales así como a la prensa, calificaron como una arbitrariedad mantener a Castro Soto por 30 días más en el país centroamericano como determinó su fiscalía general, cuando fue una de las víctimas del asesinato de la indígena lenca ocurrido la madrugada del 3 de marzo en la comunidad La Esperanza.
“Nos manifestamos en contra de la criminalización y muerte de compañeros indígenas y activistas ambientalistas”, señalan y dicen no entender por qué si ha colaborado para hallar a los responsables, como testigo, está retenido injustamente.
Destacaron que sus pueblos conocen el trabajo honesto de Gustavo Castro “a favor de la defensa de nuestros territorios y por ello denunciamos las acciones del gobierno hondureño que genera sospechas y criminaliza su participación en la defensa de los derechos humanos”, en aquel país.
Entre otros organismos firman Las Abejas de Acteal, Pueblos originarios de la región norte de Chiapas México, Pueblo Creyente de Simojovel, Parroquia San Juan Bautista El Bosque, Luz y Fuerza del Pueblo de Huitiupán y el Centro de Derechos Humanos Oralia Morales de Frontera Comalapa, y bajo la presencia de Observadores Nacionales e Internacionales del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor), Integrantes del Reconocimiento Jtatik Samuel Jk’anan Lum: Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), entre otros.
Nos sentimos indignados, sociedad civil exige su regreso
En tanto, alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil y más de 70 ciudadanos en lo individual exigieron al gobierno que intervenga para agilizar el regreso de Gustavo Castro así como que se haga justicia para Cáceres.
“Nos sentimos indignados/as por los sucesos ocurridos en La Esperanza, Honduras, en los cuales le arrebataron la vida a la defensora de derechos humanos Bertha Cáceres y el defensor de derechos humanos Gustavo Castro fue herido”, cita el pronunciamiento conjunto de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Melel Xojobal, Voces Mesoamericanas, Conservación de Los Chimalapas, Programa Interdisciplinario de Desarrollo Humano de la UAM-X, entre otros.
Si bien Gustavo Castro no ha incurrido en delito alguno, y ya declaró como testigo importante en el asesinato de Cáceres y las demás diligencias las puede hacer aquí en México, demandan al gobierno federal tomar cartas en el asunto para agilizar su retorno.
“Conocemos el caminar de Berta y Gustavo, ambos compañeros, y sabemos de su trayectoria en la defensa de la tierra y el territorio encabezando luchas pacíficas importantes junto a sus organizaciones, articulándose con otros actores sociales, organizaciones y redes, contra la invasión de empresas transnacionales que buscan apropiarse de los recursos naturales y saberes de los pueblos, solapadas en la mayoría de los casos, por los gobiernos”, precisaron.