HERMOSILLO. La Contraloría General de Sonora informó que 18 exfuncionarios de la administración estatal 2009-2015 del gobierno de Guillermo Padrés fueron inhabilitados para ocupar un cargo público hasta por 10 años, entre ellos el exdirector general de Control de Fondos y Pagaduría, quien tendrá que pagar tres mil 029 millones 501 mil 109 pesos.

 

En conjunto, los ex servidores públicos estatales deberán resarcir daños al erario mediante una sanción por seis mil 259 millones 140 mil 492 pesos.

 

En un comunicado, el titular de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro, indicó que siete ex servidores públicos más no han sido notificados al no poder ser ubicados.

 

Explicó que, además de la sanción administrativa, pudieran existir procesos penales a cargo de autoridades federales o estatales como la Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción o la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

Señaló que la tarea de esa institución, además de aplicar la ley, es buscar mecanismos efectivos para que los ex funcionarios reparen el daño patrimonial que causaron al estado y, actualmente, se pretende cobrar, mediante créditos fiscales a cargo de la Secretaría de Hacienda.

 

Resaltó que hasta el momento se han turnado alrededor de 40 expedientes directos de la Contraloría General a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, y se cuenta con mil denuncias, de las cuales se están integrando los expedientes para proceder conforme a la ley.

 

Servidores públicos notificados y sancionados esta Carlos Manuel Villalobos Organista, Tesorero del Estado quien fue inhabilitado por 10 años, y enfrenta una sanción económica por dos mil 782 millones 820 mil 471 pesos con 26 centavos.

 

Mario César Cuen Aranda, Tesorero del Estado, inhabilitación por 10 años, con una sanción económica por 329 millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.

 

Javier Alberto Martínez Verduzco, director general de Control de Fondos y Pagaduría, quien fue inhabilitado por 10 años, con sanción económica por 3 mil 029 millones 501 mil 109 pesos.

 

Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría, inhabilitación por 10 años, sanción económica por 82 millones 665 mil 834 pesos con 66 centavos.

 

Camilo Alejandro Castro Leyva, Subdirector General de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, inhabilitación por 10 años, sanción económica por 14 millones 908 mil 993 pesos con 64 centavos.

 

Así como Cynthia Zaraith Orozco Atondo, Contador Interno del Fideicomiso Puente Colorado, inhabilitación por 10 años, sanción económica 11 millones 326 mil 304 pesos.

 

Roberto Romero López, secretario del Gobierno del Ejecutivo del Estado, inhabilitación por 10 años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción, al no poder comprobar destino de 90 millones 163 mil 920 pesos que se erogaron de la partida “Ayudas sociales a personas” en el segundo trimestre de 2013 y primer semestre de 2014.

 

Roberto Molina Acedo, director general de Infraestructura Hidráulica, Urbana de la Comisión Estatal del Agua, inhabilitación por 10 años, sanción económica por dos millones 318 mil 850 pesos, entre otros.

 

Indicó que existen otros siete servidores públicos sancionados con inhabilitación, que no se han podido notificar por no haber sido localizados.