A petición de la legisladora Luis María Calderón, la Mesa Directiva del Senado exhortó a las Comisiones de Justica y Estudios Legislativos dictaminar la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía en favor de los integrantes de las autodefensas de Michoacán.

 

A través de un comunicado, la senadora por el PAN recordó que en septiembre de 2014 presentó ante el Pleno una iniciativa apoyada por legisladores de varios grupos parlamentarios, misma que fue turnada a las comisiones para su estudio y que hasta el momento no se ha emitido un dictamen.

 

En la propuesta se plantea decretar ese beneficio para quienes participaron o formaron parte de grupos de autodefensa y se haya iniciado una investigación.

 

De igual forma, contra quienes estén sujetos a proceso penal o bien hayan sido sentenciados, siempre y cuando esos procedimientos hayan iniciado entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014.

 

Calderón Hinojosa argumentó que las autodefensas surgieron como reacción a una situación de violencia, así como para salvaguardar su seguridad personal, la de sus familias y su propio patrimonio.

 

Consideró que se justifica la expedición de una ley de amnistía para que cese la acción penal y, en su caso, las sanciones impuestas a quienes participaron en esos actos colectivos, ya que su acción no correspondió a la intención de cometer delitos, si no legítima defensa por el contante asedio de los grupos criminales.

 

“De buena fe, las autodefensas, mantuvieron una interlocución responsable con diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno, se coordinaron con el Ejército, la Marina y la Policía Federal para ayudarles a hacer su tarea”, indicó.

 

No obstante lo anterior, añadió, se ejercieron acciones penales en contra de los líderes y otros miembros de las autodefensas, siendo aproximadamente 385 presos, muchos de ellos por razones políticas, ya que no existen pruebas o elementos que hagan suponer la comisión de delitos que se les imputa.

 

La amnistía, explicó, es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos comenzados o que han de comenzarse, así como las condenas. (Con información de Notimex y Radio Fórmula)