GUADALAJARA. Las políticas públicas sobre la mariguana deben incorporar una perspectiva de desarrollo humano, indicó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayando que es clave generar políticas de diálogo, debate y construcción de soluciones conjuntas, dentro y fuera del país, y parece haber un consenso de que más allá de controlar la oferta y demanda.
Al inaugurar el Cuarto Foro del Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana, el funcionario dijo que en la actualidad los vínculos entre las cadenas de producción y consumo de drogas no se limitan por las fronteras.
Señaló que por ello no hay fórmulas universales sino soluciones específicas a cada contexto, ya que lo que funciona en un lugar no necesariamente tiene éxito en otro.
En un hotel de la capital jalisciense, Osorio Chong comentó que en países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos están tendiendo, todos, hacia la regulación, la despenalización o la reducción de sanciones, con diferentes consecuencias.
Dijo que actualmente en México se instrumenta una política que va más allá de la sola persecución de delitos relacionados con la producción, tráfico o venta de drogas ilícitas, y que incluye un gran esfuerzo de prevención como nunca antes se había hecho en el país.
Es decir, explicó, “hemos transitado de una respuesta puramente de fuerza contra la delincuencia a una política integral en la que el enfoque preventivo es uno de los pilares más importantes”.
Lo anterior, resaltó, porque la seguridad ciudadana comienza por generar ambientes propicios para el desarrollo individual y la convivencia armónica de las personas.
El encargado de la política interna del país señaló que esa política significa ir más allá de reaccionar ante delitos consumados, poniendo especial énfasis en disminuir los factores de riesgo que genera la violencia.
Manifestó que este tipo de situaciones exige que el Estado brinde opciones especializadas a quienes más allá de haber cometido un delito menor, sufren de una adicción, por lo que requieren de un proceso de rehabilitación.
Ese, dijo, es el objetivo precisamente de los tribunales para el tratamiento de adicciones que, desde un enfoque de salud pública y de prevención, “estamos poniendo en marcha en distintas regiones de todo nuestro país”.
El titular de la Secretaría de Gobernación indicó que algo distinto es hacer frente a la violencia derivada de la distribución o de los conflictos que surgen entre grupos, que buscan mantener control de ciertos mercados.
Indicó que ahí existe de nuevo una diferencia importante, toda vez que los problemas que se originan por la venta al menudeo y el abuso de sustancias no solo se resuelven con el uso de la fuerza, sino a partir de intervenciones específicas.
La violencia que se origina por la acción del crimen organizado, añadió, demanda la acción decidida de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, labor que desde luego tiene que seguir dándose para mantener o recuperar la tranquilidad en ciertas partes del territorio nacional.
En ese sentido reiteró que para el Gobierno de la República “el uso de la fuerza no es y nunca será el único eje de la política de drogas”, sino al contrario, es a partir de una visión amplia e integral “como estamos trabajando para ofrecer a este fenómeno respuestas de largo aliento”.
Comentó que ahora “tenemos encuestas en nuestras manos que refieren que una mayoría está de un lado porque no tienen la información necesaria, y por eso esta información se está dando para todos los ciudadanos y queremos llegue hasta el centro del seno familiar”.
Entonces, “nuevamente tendremos nuevas encuestas y nos dirán qué es lo que piensan a partir de todo este debate, de todas estas experiencias, y entonces decidir sobre las políticas públicas que habremos de tomar para nuestro país”, concluyó.