Con más de 291 mil firmas fue entregada al Senado de la República la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como 3de3, la cual impulsa la obligatoriedad para que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés.
El número de firmas rebasó en más del doble las necesarias para presentar una iniciativa ciudadana. Y una vez que éstas sean validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará el proceso de análisis en la cámara alta.
Dicha propuesta es impulsada por organizaciones ciudadanas, principalmente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, así como instituciones académicas, entre ellas la UNAM, el ITAM y la UVM; asimismo, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y las organizaciones Wikipolítica, Causa en Común y México Evalúa, entre otras.
De acuerdo con Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, “hoy (ayer) 291 mil 467 firmas ciudadanas demandan al Congreso de la Unión un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y combatir frontalmente la corrupción e impunidad, que dañan gravemente a nuestro país”.
Juan Pardinas, director general del IMCO, confió en que el Congreso no debilitará la iniciativa: “Nuestra expectativa es que se tome la iniciativa en su integridad, sí hay margen para mejorarla; esperemos que sea mejorable en la exigencia, en la construcción de instituciones más sólidas para combatir la corrupción”.
El presidente de la Senado, Roberto Gil Zuarth, se comprometió a que más allá del tiempo que tome el INE en validar las rúbricas, el Congreso tomará en cuenta la propuesta en lo que respecta a las leyes reglamentarias del sistema anticorrupción.
La norma busca contribuir al definir qué es y qué no es corrupción y prevé sanciones para ciudadanos y empresas que participan en actos de corrupción.