El influyente Colegio de Abogados de Brasil (OAB, por su sigla en portugués) anunció hoy su decisión de apoyar la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por considerar que hay indicios de las irregularidades de que es acusado el Gobierno.

 

El apoyo al proceso político fue aprobado por 26 de los 28 miembros del Consejo Federal del Colegio de Abogados en una votación este viernes en Brasilia.

 

Los únicos votos en favor de la mandataria fueron el del representante del estado de Pará, Alberto Campos, y el del ex presidente de la OAB Marcelo Lavenere, que es miembro vitalicio del organismo director de la entidad que representa a todos los abogados de Brasil y que regula el ejercicio profesional de la actividad.

 

La dirección de la OAB aún tendrá que reunirse en los próximos días para decidir si ofrece su apoyo técnico a la petición de juicio político que ya tramita en la Cámara de Diputados o si presenta una nueva solicitud.

 

“Este no es un momento de alegría. Nos gustaría estar aquí para conmemorar éxitos del Gobierno pero quedó claro que no estamos aquí para conmemorar”, afirmó el presidente de la OAB, Claudio Lamachia, en declaraciones que concedió a periodistas tras la votación.

 

Según Lamachia, los consejeros del Colegio de Abogados concluyeron que existen elementos jurídicos que justifican el juicio político.

 

“La OAB no tomó una decisión con base tan solo en noticias de periódicos y revistas, tomó una decisión con base en elementos técnicos, con base en pruebas que fueron recogidas y que nos llevaron a esta conclusión en este momento”, afirmó.

 

Lamachia dijo esperar que la crisis política en Brasil se resuelva con celeridad ya que los abogados están preocupados con las cada vez más frecuentes manifestaciones de partidarios y opositores del Gobierno en las calles y con la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos.

 

La decisión de la OAB se produce un día después de que la Cámara de Diputados retomara los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria, con la elección de una comisión especial de 65 diputados que determinará si existen méritos jurídicos para la apertura del juicio.

 

Las acusaciones contra Rousseff que basan este proceso, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

 

Sin embargo, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a la mandataria mengua cada semana.

 

Si se pronuncia a favor del juicio político, la comisión especial elegida ayer pasará la palabra al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos).

 

En caso de que los diputados decidan proseguir con el proceso, el turno será del pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.

 

En ese último caso, Rousseff deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tendrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por su vicepresidente, Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegase a la destitución.