Gustavo Castro, testigo del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la ampliación de las medidas precautorias ante las autoridades de México con la intención de garantizar su seguridad y la de su familia al regresar a su hogar.
La CNDH indicó que el activista mexicano tiene temor de ser acusado del asesinato de Berta Cáceres.
En una visita de los funcionarios de la CNDH a Tegucigalpa, la embajadora de México e este país, Dolores Jiménez, también expresó preocupación por la hipótesis que distintos medios de comunicaciones locales han manejado, en el sentido de que el connacional sea sospechoso del homicidio y que la razón de su detención es que pueda ser imputado.
La Comisión detalló que se reunió con el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), para conocer de manera directa las diligencias que ese organismo ha realizado en el caso Castro Soto, ofrecer canales de comunicación y coordinación necesarios para coadyuvar en las acciones que sean necesarias para garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos.
La Comisionada Adjunta Primera de la CONADEH les informó que al activista mexicano se le dio acompañamiento directo y los apoyos médico y psicológico desde que se tuvo conocimiento de los hecho, y que por ello iniciaron tres expedientes de queja de oficio, uno, con motivo del homicidio de Cáceres; otro, por el cese de la abogada del señor Castro Soto, y uno más, por el proceso de seguridad y acompañamiento del activista mexicano.
De igual manera, les indicó que en la integración del expediente de queja se solicitó al Subdirector de Fiscales el Ministerio Público de la Fiscalía General de Honduras, precisara el motivo por el cual esa representación social exigió la presencia de Castro Soto por el lapso de 30 días, estando en espera de la respuesta.