RÍO DE JANEIRO. El Gobierno brasileño se preparó hoy para enfrentar la retomada de las sesiones de la comisión parlamentaria en la que se decidirá la posible apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff.

 

La comisión inició el pasado viernes sus trabajos y celebrará el lunes la segunda de las quince sesiones previas a la votación en la que se decidirá si se inicia el proceso parlamentario contra la jefa de Estado.

 

El ministro de Información, Edinho Silva, afirmó hoy en un artículo en el diario Folha de São Paulo que el oficialismo está empeñado en “desconstruir” el intento de destitución que, en su opinión, es “en nada y por nada justificable”.

 

Para ello, el Gobierno está tratando de aplacar los sectores disidentes de los partidos de la base oficialista que han amenazado con pasarse a la oposición debido a la agudización de la crisis, lo que podría inclinar la balanza contra los intereses de Rousseff.

 

En este sentido, Rousseff expresó que pretende servirse de la capacidad de “articulación” del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la desbandada de los aliados.

 

El destino de la mandataria, por el momento, está en manos de los 65 diputados de integran la comisión que decidirá sobre la apertura del juicio político.

 

Esa comisión está formada por diputados de todo el arco parlamentario, incluyendo tanto a opositores como de la base oficialista, aunque en ella también figuran algunos disidentes que convierten el resultado de la votación en una incógnita.

 

Si la celebración del juicio político se aprueba, este pasaría a manos del pleno de la Cámara de los Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios (342 de 513) para llevar el proceso al Senado, en el que la decisión se ratificaría por mayoría simple.

 

Rousseff sólo cuenta con el apoyo inquebrantable de los 59 diputados de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT) y los doce del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), por lo que está lejos de los 172 votos necesarios para abortar el proceso en la Cámara.

 

La mandataria necesita retener el apoyo de otros 101 diputados, cerca de la mitad de los representantes de los otros seis partidos que, con reservas, aún se mantienen en la base oficialista, aunque también podría pescar algún apoyo entre grupos minoritarios de izquierda.