Para la regulación y control de las empresas de seguridad privada que ofrecen el servicio de escolta es urgente una ley general que verifique a todos y no sólo a los permisionarios, para la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada el hecho de que los llamados guaruras se vinculen con actos prepotentes o fuera de la ley resulta en muchos casos el reflejo de sus jefes inmediatos.
En entrevista con 24 HORAS, el titular de la AMESP, Roberto Rivera Mier reconoció que el principal obstáculo para regular a los escoltas es la falta de claridad y precisión en los controles para hacerlo debido a que la legislación actual en materia de seguridad privada solo se aplica para los permisionarios, es decir a los que prestan dicho servicio apegándose al marco normativo.
“Hay muchos ex militares, ex agentes que directamente ofrecen sus servicios como guaruras y no observan, ni mucho menos cumplen con todos los filtros y controles de confianza que marca la regulación y obviamente carecen de un permiso para prestar tal actividad”, indicó.
Por tal razón, refirió el también miembro titular del Consejo de Seguridad Privada del Estado de México que resulta urgente una “ley general que regule a todas aquellas personas físicas y morales que presten cualquier servicio de seguridad privada y no sólo a los permisionarios, quienes cumplen con una múltiple tributación a nivel federal, estatal y municipal, y los que no cuentan con permisos satanizan la actividad y las autoridades no les pueden hacer nada. Literal pagan justos por pecadores”.
De acuerdo con Rivera Mier, las empresas del ramo han evidenciado lo complicado que resulta el hacerse del registro para operar en uno o varios estados consecuencia de que los requisitos son muy variados porque no hay una homologación a nivel federal o local.
“En la protección de personas tenemos desde empresas de seguridad privada reguladas a nivel local y federal, hasta empleados de la empresa del protegido que pueden no estar sujetos a una autorización o supervisión por la Dirección de Registro de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación, hasta policías auxiliares y bancarios que ilegalmente” están comisionados para la seguridad de particulares”.
Prepotencia
Cuestionado sobre los recientes casos en los que escoltas agresivos y prepotentes se han visto envueltos, el empresario refirió que un escolta con la debida acreditación corresponde a personas “con exámenes físicos, psicológicos, socioeconómicos, y capacitación extrema que los convierte en profesionales que conocen de derechos Humanos”.
Y aunque haya empresas con los permisos y la normatividad en regla que estén detrás de esos elementos, la diferencia radica cuando esos elementos tienen un patrón prepotente. “La legislación hasta el momento no regula a los usuarios de los servicios, y son la causa de este tipo de incidentes que impactan a la industria de la seguridad privada que no venden ese tipo de servicio”.
Sobre la propuesta de tener bien identificados a los escoltas, así como los vehículos en los que se trasladan, Rivera Mier se pronunció en favor de la balización y “todas las medidas necesarias para tener un control y en regla a todos los prestadores del servicio”.