La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy la queja de grupos no gubernamentales (ONG) que acusaron a Estados Unidos del asesinato extrajudicial del mexicano, Anastasio Hernández Rojas a manos de agentes fronterizos en 2010.
La demanda, de 75 páginas de extensión y acompañada de dos mil páginas adicionales de evidencias, sostiene que el mexicano fue golpeado, torturado y asesinado por miembros de la Patrulla Fronteriza (BP) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Fue necesario demandar al Estado ante una instancia internacional porque Estados Unidos no hizo justicia en este caso”, dijo la abogada del caso y representante de uno de los grupos demandantes, la University of California Berkeley Human Rights Law Clinic, Roxanna Altholtz.
La demanda, apoyada por Southern Border Communities Coalition, argumenta que la investigación oficial del asesinato del mexicano estuvo plagada de “vicios”, que estuvo carente de imparcialidad y orientada para documentar la versión de los agentes y no para encontrar la verdad.
El forense del condado de San Diego dictaminó en su momento que la muerte de Hernández Rojas, quien fue golpeado por los agentes cuando era repatriado a México tras ingresar sin documentos a Estados Unidos, fue un homicidio a raíz de una encefalopatía e infarto al miocardio.
Un testigo de los hechos ocurridos en la garita de San Ysidro, California, indicó que en la golpiza participaron alrededor de 10 agentes de distintas corporaciones que le aplicaron “cuatro descargas eléctricas” para someterlo.
En el sometimiento de Hernández Rojas participaron agentes de la Patrulla Fronteriza, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La queja ante la CIDH documenta que los investigadores del caso llegaron a la escena del crimen hasta un día después de la golpiza y dejaron la escena del crimen en manos de los agentes que causaron la muerte de Anastasio.
“Esos agentes aprovecharon y destruyeron los videos captados por los celulares por las cámaras de los testigos oculares, aprovecharon para deshacerse de los testigos, los sacaron del lugar sin documentar sus identidades”, señaló Altholtz.
A pesar de que los grupos consideran la existencia de obstrucción de la justicia, el Departamento de Justicia anunció en noviembre de 2015 que no presentaría acusaciones ni criminales ni civiles contra ninguno de los agentes participantes en el asesinato.
“Dada la decisión del Departamento de Justicia de cerrar la investigación penal, ha sido necesario llevar el caso ante un panel de expertos de derechos humanos, la CIDH”, añadió Altholtz.
A la presentación de la demanda acudió Bernardo Hernández Rojas, hermano de la víctima. “Han pasado casi 6 años y no hemos recibido justicia en el caso, aún habiendo videos, testigos para ellos no hay evidencias suficientes”, lamentó.
“Es una injusticia lo que está pasando con el caso de mi hermano, y no sólo con su caso, sino muchos casos que están pasando por lo mismo”, añadió. “Lo que queremos es que paren con las injusticias y la violencia de los agentes”.
De las 46 muertes registradas a manos de agentes fronterizos estadunidenses desde el asesinato de Anastasio, sólo en un caso fue disciplinado un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los grupos esperan que la CIDH admita primer la demanda y después emita recomendaciones de cambios en las políticas de Estados Unidos relacionadas con el uso de la fuerza policial.