El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) advirtió en un comunicado que el caso Tlatlaya podría quedar impune luego de que el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria a seis de los siete militares acusados de participar en la supuesta ejecución extrajudicial de al menos 12 personas.
A los procesados se les acusaba del delito de infracciones de deberes militares.
Al séptimo soldado acusado por estos hechos le dictaron sentencia condenatoria de un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, resaltó el organismo acreditado ante la Organización de Estados Americanos.
“La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.
“La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente.
“Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”, señala el Centro Prodh en un comunicado.
Está pendiente proceso civil
En tanto, la Procuraduría General de la República, resaltó ayer que continúa el proceso penal por el caso Tlatlaya en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, en contra de tres elementos castrenses, acusados de homicidio calificado, quienes están en prisión.
La PGR recordó que derivado de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ejerció acción penal contra siete militares, y el impartidor de justicia determinó dejar en libertad a cuatro, acusados por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.
Adicionalmente, la dependencia subrayó que, derivado de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta por la denuncia por violaciones graves a derechos humanos.
El 30 de junio de 2014 se registró un enfrentamiento cuando militares detectaron a civiles armados ocultos en una bodega; el saldo fue de 22 muertos, presuntos integrantes del crimen organizado.