Los asesinatos de civiles ocurrido en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 “aún no han sido plenamente esclarecidos” y aún es una investigación inacabada debido a que aún se desconoce el número de víctimas, asegura el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En un comunicado, la organización precisa que la Procuraduría General de la República (PGR) “realizó una investigación inicial por la que determinó que en Tlatlaya se cometieron diversos delitos, incluyendo el homicidio de ocho personas“. Y que para esta primer consignación, el testimonio de Clara Gómez González y su colaboración con el Ministerio Público fueron fundamentales.
Por estos homicidios se han llevado a cabo dos procesos paralelos. Uno, en el fuero civil ordinario y, otro, en el militar toda vez que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo involucrado.
El Centro Pro Juárez apunta que, pese a continuar la investigación de la PGR, los hechos aún no han sido plenamente esclarecidos. “Subsiste una preocupante discrepancia entre el número de víctimas de ejecución (8 para la PGR, entre 12 y 15 para Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH) y no ha sido investigada la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a la unidad militar involucrada en los hechos a ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’.”
Y agrega que la PGR considera que Clara Gómez González tendría que ratificar el escrito de su testimonio, presentado hace nueve meses, para profundizar en la investigación; ante lo cual precisan: “la información es incorrecta.”
Señala, en primer lugar, que en una de las averiguaciones previas abiertas, “la propia PGR acordó negativamente el escrito de la víctima, sin siquiera requerirle su ratificación. Esta negativa fue impugnada y el recurso no ha sido resuelto hasta el día de hoy.”
En segundo lugar, “en la otra averiguación previa, la supuesta necesidad de ratificar es revictimizante y además innecesaria puesto que la identidad de Clara Gómez González ya está plenamente acreditada, amén de que tanto la orden de abatir como la recomendación de la CNDH obran ya en el expediente y tendría que ser la PGR quien oficiosamente investigara su contenido dado la gravedad de los delitos y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.”
El Centro Prodh advierte sobre el riesgo de que el caso quede impune ya que “en la sentencia militar se exceden los límites del fuero militar y se analiza el fondo de los hechos, lo que podrá ser empleado por la defensa de los tres militares que, como mencionamos, continúan sujetos a proceso y en prisión preventiva acusados de homicidio.”
En entrevista para el noticiero Contraportada, de Radio Fórmula, Mario Patrón, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que tuvieron acceso a una resolución del fuero militar que absolvió a seis de los siete soldados vinculados con los hechos de Tlatlaya.
“Para nosotros eso representa una preocupación en términos que el caso pueda quedar en impunidad” porque en el fuero militar se deliberaron posibles delitos contra la disciplina castrense, “el argumento central del Juez Sexto Militar para absolver a los elementos del Ejército es que repelieron una agresión.”
El argumento del Juez Sexto, dijo, “de alguna manera representa una determinación judicial sobre la centralidad de los hechos que en teoría se está ventilando en el fuero civil.”
Por último, el Centro Pro reitera que “la existencia de una sentencia absolutoria en el fuero militar se difunde ahora porque es hasta fecha reciente cuando la víctima tuvo certeza legal de su existencia, precisamente por la opacidad que subsiste en el caso.”