La diputada panista Arlette Muñoz Cervantes y el especialista Manuel Guerrero Martínez pugnaron porque el combate a la corrupción vaya más allá de la “simulación” y se actué en contra de aquellos funcionarios públicos que incurran en este tipo de ilícitos.
Tras manifestar su preocupación ante el hecho de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) promoviera en el año 2015 investigaciones contra más de mil funcionarios federales por presuntos actos de corrupción, la legisladora sostuvo que todo aquel que incurra en estas irregularidades debe pagarlo con cárcel, o de lo contrario no se estará combatiendo realmente este flagelo que tanto le cuesta al país.
En entrevista con 24 HORAS, la diputada, que en días recientes ha pugnado por la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, enfatizó que de acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la corrupción le cuesta al país 342 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, Manuel Guerrero Martínez, director del departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y experto en temas de corrupción, lamentó que poco o nada se actué en contra de funcionarios de primer nivel dentro de la administración pública, que por su cargo deben estar coludidos o al menos enterados de los actos de corrupción cometidos por funcionarios a su cargo.
“En ningún caso vemos a cabezas de área, a titulares de unidades importantes de la administración pública. En todos los casos lo que vemos son funcionarios de segundo y tercer nivel. Esto lo que refleja es que no se quiere ir más arriba. Son mil 200 funcionarios investigados lo que me parece escandaloso, pero más me sorprende que no se hable de mandos superiores involucrados o con conocimiento de estos hechos”, señaló.
Guerrero Martínez, quien es además doctor en Ciencia Política, señaló que en el marco de la complementación del Sistema Nacional Anticorrupción es preciso que se manifieste una verdadera voluntad política, pues solo ello logrará revertir los altos índices de corrupción.
“No vemos voluntad política en casos importantes en donde hay señalamientos contra gobernadores y ex gobernadores o algunos altos funcionaros. La voluntad política es clave para que estas leyes funcionen y para echar a andar el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción, podemos tener las leyes pero si no hay voluntad para aplicarlas no vamos a llegar muy lejos”.
Datos
- 173 casos de enriquecimiento ilícito investigados en 2015
- 1202 denuncias por corrupción en el gobierno federal en 2015