Luego de la emisión del Protocolo contra la Violencia Política de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el primer caso en el país.

 

Durante la sesión de la Sala Superior, en un hecho inédito, los magistrados acreditaron que la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, fue víctima de discriminación, obstrucción de trabajo, ocultamiento de información y trabas en su desempeño por su género.

 

Los magistrados federales coincidieron en que la violencia política fue ejercida por los mismos compañeros de la magistrada, todos del género masculino, por lo cual dieron vista al Senado de la República para que amplíe la investigación y, en su caso, emita las sanciones correspondientes.

 

La sentencia “acredita que ha existido una actuación concretada por parte de los integrantes del pleno del tribunal local y del Secretario General de Acuerdos, a efecto de impedir el acceso de la actora a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función, incluso se ha llevado a cabo acciones que han derivado en el aseguramiento de sus oficinas, lo cual configura una situación de violencia laboral”.

 

En su resolución, los integrantes del TEPJF ordenaron “a los integrantes del Pleno del Tribunal local y al Secretario General del mismo, que cesen todo impedimento o barrera que obstaculice el adecuado ejercicio de la función pública” de la magistrada Yolanda Pedroza.

 

Los magistrados también aprobaron dar vista al Senado de la República y a la Contraloría Interna del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, para que realicen la investigación que corresponda por las conductas que han quedado acreditadas en el expediente.

 

Sobre el caso, el magistrado Pedro Esteban Penagos consideró que “resulta por demás delicado que ese tipo de actos sean perpetuados por los propios juzgadores, por los propios magistrados, por alguno de los compañeros que integran el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por los compañeros entre sí”.

 

Por su parte, la magistrada María del Carmen Alanis dijo que por primera vez un caso de violencia política contra las mujeres se visibiliza y destacó que el protocolo emitido por el Tribunal servirá para sacar más casos a la luz, porque en muchas ocasiones, manifestó, las víctimas se encuentran amenazadas y sin protección.

 

“Nos encontramos con actos probados que constituyen acoso y discriminación al obstaculizar el ejercicio del cargo de la actora”, planteó Alanis respecto al caso de la magistrada.

 

Por su parte, el magistrado Salvador Nava consideró que “es gravísimo este asunto, me avergüenza y me pesa. Ojalá que el Senado de la República tome cartas en el asunto. Celebro que la señora magistrada haya venido a este Tribunal a denunciar estos aberrantes hechos”.