Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores del PRD, se pronunció por la permanencia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que su presencia favorece la credibilidad.

 

“Deben quedarse y continuar con su trabajo, porque su presencia favorece la credibilidad y ayuda a terminar con la impunidad. Tal vez a algunas áreas del gobierno les incomode su presencia, pero a los familiares de las víctimas y a sectores importantes de la sociedad, su presencia nos provoca confianza, por lo cual rechazamos su salida y consideramos que su estancia debe prorrogarse”, sostuvo el senador.

 

Barbosa Huerta recordó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 dañó la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano.

 

“Después de la desaparición de los 43 se cuestionó a nivel nacional e internacional el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas. La confianza aún no se restablece, por eso la presencia del GIEI y sus puntos de vista resultan tan importantes”, insistió.

 

Miguel Barbosa Huerta dijo que mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos, se creó el GIEI y se establecieron las actividades principales: elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.

 

Además, análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

 

El coordinador parlamentario del PRD indicó que sería “altamente positivo” que el GIEI se quede y continúe haciendo su trabajo, “no debemos pasar por alto un hecho importante: el castigo a los responsables, pues hasta el momento sólo se han fincado responsabilidades a los policías y a las autoridades municipales”.

 

Refirió que en este sentido ha habido omisiones en el fincamiento de responsabilidades a la narcopolítica en Guerrero, a la red de protección de los Abarca y los grupos del crimen organizado que operan en esa región del país.