Organizaciones no gubernamentales de 19 países de Latinoamérica y el Caribe hicieron hoy un llamado al Estado mexicano para que frene el “discurso de odio” contra defensores de los derechos humanos y periodistas críticos.
La Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc) exhortó “al Estado mexicano para que desde el más alto nivel se manifieste en contra del discurso de odio que promueven grupos legales e ilegales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos”.
Dicho discurso, añadió la agrupación en un comunicado, también se dirige contra “periodistas críticos a la corrupción, impunidad y uso ilegal de las instituciones”.
“Llamamos también a que (el Estado) ofrezca a la brevedad señales políticas de apoyo al derecho a defender derechos, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y sancione de forma contundente a los perpetradores de los ataques mediáticos, especialmente donde participan funcionarios”, agregó.
De acuerdo con la Red, México ahora es motivo de preocupación en la región, ya que “no se logra detener a grupos de interés dentro de los distintos niveles de gobierno, empresas, grupos de ultraderecha y crimen organizado, que por omisión, anuencia o complicidad de funcionarios atacan y promueven un discurso de odio contra quienes legítimamente defienden el Estado de derecho”.
Esta campaña ha alcanzado a destacadas organizaciones y defensores de derechos humanos, incluidos el relator sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, y Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “de quien se recibió con sorpresa el anuncio de un procedimiento judicial en su contra con un argumento jurídico absurdo”.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció hoy que no procederá contra Álvarez Icaza, “en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad” de la pesquisa iniciada en su contra el 15 de marzo.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega, presentó en marzo una denuncia penal contra el secretario ejecutivo por supuesta malversación de fondos públicos entregados a través de la CIDH al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Según Ortega, ese grupo que investiga la desaparición de 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 realizó actividades que no estaban vinculadas con lo establecido en el acuerdo firmado entre el Gobierno mexicano y la CIDH.
La semana pasada Álvarez Icaza denunció que México está entrando “en una regresión autoritaria” a raíz de la denuncia en su contra, que calificó de “infundada”, y dijo que no había un precedente parecido “ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez”.
La Redlamyc consideró “positivo que el Estado mexicano renueve el mandato” al GIEI y recordó que los miembros del grupo “fueron seleccionados de mutuo acuerdo entre las familias de las víctimas, la CIDH y el gobierno mexicano”.
Finalmente, la agrupación invitó al Estado mexicano “a regresar a su conocida tradición diplomática de promoción y defensa de derechos humanos, atendiendo la grave crisis de derechos humanos que se vive dentro de su territorio”.