José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, nunca ratificó la denuncia por supuesto fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el no ejercicio de la acción penal.
Ortega presentó una denuncia ante la PGR el 15 de marzo pasado y aseguró tener pruebas de malversación de fondos en perjuicio de la nación por dos millones de pesos. Sin embargo, no presentó las evidencias y tampoco se presentó a la cita del 23 de marzo para ratificar la denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Fedeación.
“La Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal.
“La notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el día 4 del mes en curso”, dio a conocer la PGR esta mañana en un comunicado de prensa.
En días pasados, Álvarez Icaza consideró que México está “en una señal muy clara de regresión autoritaria” por dicha investigación.
La CIDH también rechazó la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra su secretario ejecutivo.
En un comunicado, la CIDH rechazó la indagatoria que resulta, dijo, “temeraria e infundada”.
En tanto, se esperaba que la PGR recogiera en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck los resultados sobre las pruebas genéticas realizadas a los restos recuperados en el basurero de Cocula, los cuales serán abiertos y compartidos con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, a su regreso a México.