Aunque llevar inversiones al extranjero es legal, sí comete un delito quien no declare en México las utilidades, rendimientos o intereses que generen esos recursos, por lo que no todos los involucrados en el caso Panama Papers estarían en la ilegalidad, precisó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Aristóteles Núñez, jefe de organismo fiscalizador, indicó que el SAT revisará si las personas señaladas integraron esos recursos en sus declaraciones fiscales, si se acogieron a sistemas como las declaraciones anónimas, o si ingresarán al programa de repatriación de capitales que estará vigente hasta junio de este año.
Consultado sobre las implicaciones para aquellos mexicanos señalados en la investigación periodística -entre los que se incluyen empresarios como Juan Armando Hinojosa (Grupo Higa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Alfonso de Angoitia (Televisa), además del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, entre otros-, el especialista fiscal de la Universidad Iberoamericana, Emilio Margaín, explicó que si la auditoría determina que incumplieron con las disposiciones, el SAT les da la oportunidad de corregir sus declaraciones.
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“El contribuyente que realiza defraudación fiscal tiene la posibilidad de corregir su situación, es decir, la legislación establece que dentro de las auditorías, los contribuyentes tienen derecho a corregir su situación fiscal, pagando los adeudos que tengan, junto con actualización y recargos que procedan”, comentó.
Si no se corrige la declaración, el SAT puede determinar un crédito fiscal al contribuyente. La siguiente instancia es una pena de hasta nueve años de prisión.
Los deslindes
El vicepresidente de Finanzas de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia, implicado en el Panama Papers por la compra de la empresa Ucetel en Bahamas a través del despacho Mossack Fonseca, se deslindó de cualquier ilegalidad o evasión de impuestos y resaltó que esa transacción la hizo para adquirir un departamento y una membresía en un club de buceo acuático.
En un comunicado, el directivo subrayó que dichas operaciones “nunca se realizaron y la empresa (por la que pagó 50 mil dólares) jamás fue objeto de depósito, transferencia o movimiento financiero alguno a través de esa o ninguna otra empresa”.
La noche del domingo, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, rechazó alguna relación con el despacho Mossack Fonseca, a través de la cual, según la investigación periodística, habría buscado crear una empresa en Dubái.
“Es posible que en alguna transacción antes de ser funcionario público, cierta contraparte empresarial con la que haya tratado a nivel internacional, intentó crear esta estructura, lo cual, de ser el caso, nunca se concretó”, aclaró.
OCDE acusa “secretismo fiscal” de Panamá
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño acusó que “las revelaciones de los papeles de Panamá han hecho la luz de la cultura y práctica del secretismo” en ese país.
“Panamá ha fallado a cumplir con los estándares internacionales de transparencia internacional”, señaló el máximo responsable de la OCDE, a la que pertenecen 34 de las principales economías del mundo. Incluso, el ex canciller mexicano señaló que hace semanas avisó a los ministros de Finanzas del G20 que “Panamá estaba yendo atrás en su compromiso de intercambiar automáticamente información sobre cuentas financieras”.
Horas antes, uno de los directivos fundadores de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, reconoció que la filtración de documentos sobre las sociedades que han constituido offshore “legalmente” a lo largo de décadas pudiera afectar a Panamá ante organizaciones como la OCDE, dados los intereses “políticos” que la rigen.
En entrevista con la televisión local, quien también es ministro consejero de la Presidencia panameña y que está de licencia de ese cargo por un año resaltó que mayoría de las sociedades que constituye y luego vende no son creadas en Panamá.
La firma ya interpuso ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá una querella contra las personas que resulten responsables de las filtraciones.