Al rendir su Informe de Actividades 2015, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que la dependencia acreditó violaciones graves a derechos humanos en cuatro casos que involucran a autoridades federales y locales del país.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional dijo que los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán “han puesto a prueba (a) las instituciones del Estado, incluida la CNDH. Evidenciaron carencias y falta de respuesta por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno, desde hace muchos años, a diversas problemáticas sociales, así como la debilidad del Estado de Derecho en varias regiones del país”.
Los casos involucran ejecuciones extrajudiciales: en Tlatlaya por parte de elementos del Ejército; en Apatzingán por la Policía Federal; en Chalchihuapan por la policía estatal de Puebla y desaparición forzada en Iguala por agentes municipales de Cocula e Iguala.
En los hechos de Iguala, ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en los que 43 estudiantes normalistas fueron víctimas de desaparición forzada y una de las hipótesis de las autoridades federales señala que fueron calcinados en un basurero y sus restos arrojados a un río, la CNDH alertó de la posibilidad de que lo sucedido quede impune.
“En este caso, se advierte la necesidad de fortalecer las investigaciones que las autoridades lleven a cabo, consolidando los medios de convicción que las sustenten, ya que, en caso contrario, podrían existir omisiones o deficiencias en las mismas que trajeran, como consecuencia, que los responsables no pudieran ser sancionados y los hechos quedaran impunes”, dijo González Pérez.
El ombudsman manifestó que la verdad de los casos de violaciones graves por parte de autoridades “no puede construirse o negociarse”, por lo cual, pidió que “sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas”.
Recomendaciones
El titular de la CNDH señaló que durante 2015 las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos se incrementaron 18%, al pasar de ocho mil 455, en 2014, a nueve mil 980 expedientes, en 2015.
De acuerdo con el desglose del organismo, tres mil 152 fueron presentadas por la prestación indebida del servicio público, mil 871 por falta de honradez en el servicio y mil 697 por no proporcionar atención médica.
A su vez, 879 quejas fueron impuestas por detención arbitraria; 663 por trato cruel e inhumano; 602 por transgredir los derechos de los migrantes; 490 por negligencia médica; 481 por omitir fundar el acto de autoridad; 452 por omitir motivar el acto de autoridad y 431 por prestar indebidamente el servicio de educación.
Instituciones con más quejas
- IMSS: dos mil 185 casos
- Penitenciarias federales: mil 308
- Policía Federal: 783
- PGR: 761
- ISSSTE: 705
- Instituto Nacional de Migración: 688
- Sedena: 620
- SEP: 548
- Semar: 373
- CFE: 316
Hay avances en derechos humanos: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto aceptó que en el país han sucedido casos de negligencia y abuso, los cuales involucran violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos y consideró que también existen diversos avances en ese rubro.
En la Residencia Oficial de Los Pinos, donde recibió el Informe de Actividades 2015 del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el mandatario nacional dijo que ese organismo es “fuerte, independiente y confiable”.
Para el jefe del Ejecutivo federal, el informe presentado revela los desafíos que todavía tiene México en la protección de las garantías individuales de los ciudadanos.
El Presidente informó que su administración aceptó “todas las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, desde luego, estamos trabajando para su efectivo cumplimiento”.
Asimismo, enlistó los avances de su gobierno, como ampliar el catálogo de derechos ciudadanos “por ejemplo, el derecho a recibir una educación de calidad o el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación”.
Con una nueva política de combate a la inseguridad, basada en la prevención y el respeto de los derechos humanos, según el mandatario, las recomendaciones dirigidas a las Fuerzas Armadas y autoridades federales disminuyeron en 74%, al pasar de 31, en 2012, a ocho en 2015.