BRASILIA. El diputado Jovair Arantes, instructor de la comisión que analiza si el Congreso le abre un juicio político con fines de destitución a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó hoy un informe en el que recomienda la continuidad del proceso.
“Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad (contra la mandataria)”, concluyó.
El informe del relator tendrá que ser votado por los 65 miembros de la comisión especial, en una sesión prevista para el próximo lunes, y, en caso de que la recomendación favorable al juicio político sea aprobada por mayoría simple, la causa será enviada al pleno de la Cámara de Diputados.
En un detallado informe de 128 páginas publicado en internet minutos antes de su lectura en el parlamento, el legislador dijo que existe mérito legal para abrir un proceso contra Rousseff por los “crímenes de responsabilidad” descritos en la denuncia, que se refieren a las supuestas maniobras del Gobierno para maquillar los balances de las cuentas fiscales en los dos últimos años.
De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos aparecieran en los balances fiscales constituyen un “crimen de responsabilidad”.
“Ante todas las consideraciones jurídicas y políticas, estoy convencido de que las conductas atribuidas a la presidenta, si confirmadas, no representan actos de poca gravedad o de simple tecnicismo contable, presupuestario o financiero”, aseguró.
Por el contrario, agregó, “tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a diversos principios importantes de la Constitución”, entre los que citó el control parlamentario de las cuentas públicas, la responsabilidad con el equilibrio fiscal y el buen uso de los recursos públicos.
En su defensa ante la comisión, presentada la semana pasada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, la mandataria alegó que el proceso carece de base legal por no referirse a actos que puedan ser definidos como “crimen de responsabilidad” y que, por tal motivo, darle continuidad representa un “golpe”.
El instructor, sin embargo, afirmó que el análisis de la denuncia le permitió identificar indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los “crímenes de responsabilidad” previstos en la Constitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.
“Tales actos justifican la apertura del excepcional mecanismo del ‘impeachment’ (proceso de destitución)”, aseguró.
El diputado recordó que su objetivo en este momento fue “tan sólo analizar la objetividad de denuncia en sus aspectos técnicos, además de si hay justa causa para instalación de proceso, y que aún no es la hora de decir si la presidenta cometió o no crimen de responsabilidad”.
En caso de que el informe sea aprobado por la comisión especial, para que prosiga, tiene que ser respaldado también por una mayoría calificada en el pleno de la Cámara baja (342 votos de 513 posibles), para que entonces el Senado, por mayoría simple, decida si da curso al juicio político.
En caso de que el Senado acepte las acusaciones, la presidenta deberá separarse del cargo durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara alta para concluir el proceso.
Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.
Temer es el presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país, que la semana pasada decidió romper con el Gobierno, lo que fue interpretado como un claro respaldo al eventual proceso contra Rousseff.