Con el fin de que las investigaciones por actos de corrupción lleguen hasta el más alto nivel y no queden impunes, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes presentará este jueves una iniciativa para incluir en el Código Federal de Procedimientos Penales la figura del Primer Acuerdo.
Con ella se propone dar el beneficio de la reducción de entre 20 y 70% de la pena al servidor público bajo proceso que aporte información, testimonio y evidencia sobre la participación de sus superiores, compañeros o subalternos, y dependiendo de la utilidad de la misma.
En la iniciativa se explica que los delitos relacionados con la corrupción generan beneficios que en algunos casos no son en su totalidad para la persona que lo comete, sino para el autor intelectual, lo cual determina también el hilo jerárquico a seguir para llegar a los grandes corruptos; sin embargo, mientras los ejecutores del acto delictivo no señalen a la persona o personas involucrados, no será posible detectarla.
Por ello, se busca atacar las redes de corrupción con incentivos para generar testimonios contra todos los participantes, tal como se ha hecho en países como Brasil y Guatemala, donde a través de mecanismos legales de esta naturaleza, ha sido posible escalar las investigaciones sobre casos de corrupción, para llegar a los más altos niveles de gobierno, combatiéndola con eficacia de abajo hacia arriba, incluso llegando al nivel Presidencial, “que en México es impensable”.
Recordó que Brasil sentó su primer precedente con el escándalo denominado Mensalão, esquema de corrupción donde se usaron fondos públicos para pagar sobornos al Congreso por la aprobación de propuestas cruciales para el gobierno.
La investigación duró de 2005 a 2012 y resultó en la sentencia condenatoria para algunos políticos, banqueros, y empresarios, entre ellos José Dirceu de Oliveira e Silva, quien fuera jefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, de José Genoino Guimarães Neto, ex jefe del Partido de los Trabajadores y de Henrique Pizzolato, ex líder sindical y ex Director del Banco do Brasil.
También la operación denominada Lava Jato, involucró a más de 150 miembros del Congreso y funcionarios del gobierno brasileño, que enfrentan cargos graves ante el Tribunal Supremo de Brasil por soborno, corrupción, y lavado de dinero, alcanzando un monto estimado de cuatro mil millones de dólares. En el proceso de investigación se descubrió que un grupo de directivos de grandes empresas se repartían un porcentaje de cada obra para Petrobras, a cambio de sobornos para políticos y funcionarios de alto rango, que además contribuyeron a financiar campañas y gastos del Partido de los Trabajadores.
“La pieza clave de la investigación, ha sido precisamente que los indiciados aceptaron colaborar con información de otros involucrados a cambio de beneficios para su sentencia”, señaló el senador Fernández Fuentes y consideró que “en tanto no contemos con estructuras de investigación con esa clase de fortaleza, muchos casos como los que todos conocemos seguirán quedando impunes, o permanecerán en una duda absoluta sobre la legalidad de sus actos”.
La propuesta se ha denominado del Primer Acuerdo, en relación con la voluntad del mismo funcionario de confesar para llegar a un acuerdo con la autoridad judicial y reducir su pena, por los delitos cometidos.