La presentación del Estado Mexicano en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos generó tensión entre ambas partes, debido a la denuncia penal, que no procedió, contra Emilio Álvarez Icaza, la participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana y la respuesta de nuestro país al último informe del organismo continental.
El primer punto de tensión se dio cuando el comisionado Paulo Vannicho cuestionó el origen de la denuncia penal contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, por presunto fraude, lo cual calificó como un ataque cobarde no contra él, sino contra la Comisión, lo cual es un grave golpe contra su credibilidad.
“La Procuraduría recibió una denuncia que provocó un daño irreparable a la persona de nuestro secretario ejecutivo, Emilio (Álvarez Icaza). Un poco cobarde porque debió ser un ataque a la Comisión, todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados”, dijo Vannicho.
Ante este cuestionamiento, el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, negó que en la denuncia esté algún funcionario del Estado mexicano, pues provino de un particular en su legítimo derecho a la libertad de expresión, además de que la Procuraduría General de la República (PGR) desechó el proceso porque el demandante no demostró el delito.
En tanto, el comisionado Enrique Gil Botero criticó la respuesta de rechazo del Estado mexicano al informe de que la Comisión publicó hace unas semanas, pues ésta es similar a la de un esquizofrénico al no aceptar la realidad.
“No estamos de acuerdo por una sencilla razón, porque el Estado mexicano no es el causante de la violencia, son las organizaciones criminales y el Estado ha debido reaccionar, tampoco estamos de acuerdo porque el informe no fue global y en tercer lugar, también dijimos que estábamos de acuerdo con muchas de las recomendaciones”, contestó Ruiz Cabañas al señalamiento de Gil.
Otro de los cuestionamientos que elevaron el debate fue el hecho por el comisionado James L. Cavallaro sobre por qué la Secretaría de la Defensa Nacional dejó de reportar el número de bajas en los operativos en los que participa.
La respuesta del subsecretario fue que debido a los cambios normativos ahora esa es responsabilidad de la Procuraduría General de la República dejando a la Sedena la tarea de sólo informar a autoridades civiles, lo cual para el Estado mexicano es un avance.
La audiencia tuvo como temas principales la exposición de las políticas del Estado Mexicano sobre seguridad ciudadana, tortura, desaparición forzada, migración y justica penal, donde el subsecretario aseguró que nuestro país ha tenido avances importantes en la legislación, aunque todavía falta camino para una implementación completa.
En la audiencia también estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil mexicanas, las cuales reclamaron que las leyes existentes no responden a la problemática en materia de derechos humanos por la impunidad.
El final de la audiencia también provocó malestar, ya que ante la falta de tiempo a Ruiz se le negó una última intervención.