Senadores del Partido de la Revolución Democrática y representantes de diversas organizaciones civiles anunciaron que solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la denominada Ley Atenco, que contempla el uso de la fuerza pública para dispersar marchas, manifestaciones o protestas (en caso de ser necesario) en el Estado de México.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez exigió la revocación de dicha Ley, por considerar que es violatoria a los derechos constitucionales y tratados internacionales, “al poner en peligro la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitir a las autoridades de seguridad pública la limitación o intervención de dichos derechos sin control judicial alguno”.
El legislador mexiquense advirtió que esta ley, que entraría en vigor en julio próximo, “faculta a las autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional diversas medidas de uso de la fuerza, incluyendo armas letales, fijando como única limitante principios genéricos cuya ambigüedad no permite controlar abusos de la fuerza”.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo que la posición del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila es con pleno conocimiento de lo que sucede en su entidad y corresponde a las necesidades de las mayorías.
“Ellos (los gobernadores) son los que tienen la sensibilidad de lo que piden las mayorías”, señalo el senador Gamboa Patrón.
Cabe destacar que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, solicitó a los diputados locales promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, con el fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise esta norma y, en su caso, declare su constitucionalidad.