BUEAS AIRES. La ex presidenta argentina Cristina Fernández sumó un nuevo traspié judicial luego de que un fiscal federal pidiese que sea investigada en una causa por presunto lavado de dinero, apenas cuatro días antes de que deba declarar por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su mandato.
También Julio de Vido, actual diputado y quien fuera ministro de Planificación Federal en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los mandatos de Fernández (2007-2015), aparece señalado, entre más de una decena de personas, por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la investigación de una supuesta red de lavado de activos, informó hoy la agencia oficial Télam con base en fuentes judiciales.
Ya el pasado 21 de marzo, el juez de la causa, Sebastián Casanello, desvinculó a Fernández de la investigación, que salpica a empresarios cercanos al kirchnerismo.
“En este proceso no está involucrada la expresidenta”, aseguró en unas declaraciones a la radio el magistrado, quien insistió en que la causa que puso en marcha investiga “lavado de dinero delictivo” y no connivencias políticas.
Sin embargo, el fiscal optó ahora por pedir investigar a Fernández luego de que el juez, que decretó el secreto de sumario del caso, tomase el viernes, en el marco del mismo, declaración durante más de 11 horas al empresario Leonardo Fariña, en prisión por evasión fiscal y quien amplió el testimonio que ya había dado anteriormente.
La causa que se investiga, por la que ya está detenido el empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, arrancó en 2013, cuando el financiero Federico Elaskar reconoció en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido exgobernador de esa provincia y expresidente argentino Néstor Kirchner, esposo de Fernández.
El caso volvió a tomar impulso después de que diversos medios locales difundieran recientemente unos vídeos grabados de 2012 que muestran a varias personas contando fajos de billetes, millones de dólares, en una oficina de la financiera SGI en Buenos Aires.
Según se ve en el video, entre las personas que van y vienen trasladando en grandes bolsas el dinero que previamente contaron con máquinas, se encuentra Martín Báez, hijo de Lázaro, así como el contable Daniel Pérez Gadin, quien al igual que Báez padre, también fue detenido esta semana.
Hasta ahora son varias las personas a las que Casanello ha tomado declaración, en una causa que se ha saldado con diversos allanamientos.
A finales de marzo, Elaskar sostuvo en otro programa televisivo que Fernández es la “lavadora número uno”, amenazó con “llevarse puesto” (llevarse por delante) a “cualquiera” y aseguró que “media Casa Rosada” (en referencia a la sede de Gobierno argentino y al anterior Ejecutivo) está vinculada con la supuesta red.
El jefe de bloque en la Cámara de Diputados del kirchnerista Frente Para la Victoria, Héctor Recalde, calificó hoy como un “ánimo de revanchismo” y una “persecución” la decisión del fiscal de señalar a Fernández.
“Miedo deberían tener los que intentan detener a Cristina Kirchner”, concretó al medio de comunicación Política Argentina al ser preguntado por si teme que arresten a la exgobernante.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano consideró que se trata de “un nuevo capítulo de la trama de corrupción delictiva que se sigue desovillando e involucra a grandes capitostes K (Kirchner)”.
El kirchnerismo, continuó Giordano en un comunicado, “gobernó para los grandes empresarios y multinacionales y para el enriquecimiento personal de la ex familia presidencial y todos sus funcionarios”.
La decisión de Marijuán se produce a solo cuatro días de que Fernández deba prestar declaración indagatoria en otra causa, que investiga presuntas irregularidades en los contratos de futuros de dólar durante el último tramo de su gestión.
En ese caso, es el juez federal Claudio Bonadio quien investiga si el Banco Central pactó ventas por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos, lo que ocasionó millonarias pérdidas a las arcas del Estado.
La exmandataria también está acusada por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que indaga si no declaró parte de su patrimonio y no incluyó la totalidad de sus depósitos bancarios en sus declaraciones juradas.
La Justicia también investiga presuntas irregularidades administrativas en Hotesur, empresa participada por la exmandataria, para saber si un hotel de lujo de la Patagonia, controlado por la empresa fue un alojamiento ‘fantasma’ usado por el matrimonio Kirchner-Fernández para hacer negocios irregulares junto a Báez.