Después de que países como la India y Tailandia restringieron a los extranjeros la opción de los “vientres de alquiler”, México se perfila como el próximo “nicho de oportunidad” para esta maternidad, por lo que el país ha emprendido una serie de reformas legislativas para que esto no ocurra.

 

Actualmente, la maternidad subrogada únicamente está reconocida en los estados de Tabasco y Sinaloa. Aún así, perviven ciertos vacíos legales, por lo que el Senado aprobó esta semana un dictamen con el que se pretende modificar la Ley General de Salud y regular esta opción.

 

La propuesta, que aún deber ser aprobada en la Cámara baja, pretende restringir este tipo de maternidad para que solo puedan acceder a ella los ciudadanos mexicanos y que esta no tenga “ánimo de lucro”.

 

También, que la gestación se haga “únicamente bajo estricta indicación médica” para parejas con problemas de fertilidad, lo que deja fuera a parejas homosexuales y personas solteras.

 

México “no quiere convertirse en el próximo paraíso de turismo reproductivo a nivel internacional” después de las restricciones de países asiáticos que han provocado un “efecto cucaracha” con el cual “el mercado internacional voltea a ver a Tabasco”, dijo a Efe Marcelo Bartolini, abogado del Early Institute.

 

Desde este laboratorio de ideas, que trabajó con los legisladores mexicanos para recopilar información sobre esta materia, se refieren a este tipo de maternidad como “explotación de mujeres con fines reproductivos”.

 

Las mujeres que deciden ser gestoras son frecuentemente personas “en situación de vulnerabilidad”, un argumento empleado a menudo por los detractores de esta práctica, explicó Bartolini.

 

Contratar un “vientre de alquiler” es tres veces más barato que en EU

 

Contratar un “vientre de alquiler” en México es tres veces más barato que hacerlo en el vecino Estados Unidos.

 

El costo para los padres oscila entre los 500 mil y 700 mil pesos (entre 28 mil y 39 mil dólares), a lo que hay que sumar todos los gastos sanitarios que requiere la gestante en las etapas del embarazo y el parto, dijo a Efe Ivan Davydov, representante legal del Care Surrogacy Center México.

 

La cantidad que recibe la gestante va de los 150 mil a los 270 mil pesos (ocho mil 400-15 mil  dólares), una cifra con la que “no están siendo recompensadas lo suficiente”, admitió el letrado.

 

Ante las críticas que señalan que en el proceso de maternidad subrogada se saca provecho a mujeres en situación de marginación y pocos recursos, indicó que aquellas que están “en extrema pobreza no puede ser candidatas”.

 

Detalló que en el centro hay una política de no reclutamiento; son las posibles candidatas mexicanas las que tienen que acudir a su clínica si están interesadas.

 

Además, hay un determinado perfil: Han de tener entre 25 y 35 años, ser madres previamente y no haber estado embarazadas en los 365 días previos a la nueva gestación.

 

Después de que el entonces secretario de Salud de Tabasco, Juan Antonio Filigrana, dijera que este tipo de maternidad “se ha convertido en un comercio sin control y denigrante” en la región, el Congreso estatal puso en marcha una reforma del Código Civil para regular la figura de la subrogación, reconocida desde los años 90.

 

Tabasco decidió “reglamentar esa situación antes de que pudiera desbordarse”, ya que la ley estaba siendo empleada, “sobre todo” por personas extranjeras “que venían específicamente (al estado) a recibir y registrar a sus bebés”, dijo a Efe el diputado federal Marcos Rosendo Medina.

 

La nueva legislación, que se aplica desde enero, establece entre otros aspectos que la entrega del bebé se hará a los padres -de nacionalidad necesariamente mexicana- a través de la figura de la “adopción plena”, que especifica que los adoptantes tienen que ser, necesariamente, “un varón y una mujer”.

 

Como respuesta, la reforma encontró la impugnación de la fiscalía mexicana.

 

La Suprema Corte de Justicia deberá emitir una resolución sobre cuatro aspectos que, según la fiscalía, son inconstitucionales, entre ellos el hecho de que la gestante necesite la aprobación de su cónyuge y que esta pueda reclamar la patria potestad del bebé si mueren uno o dos de los padres, lo que genera “incertidumbre jurídica”, precisó Medina.

 

De llegar a aprobarse el dictamen avalado por el Senado, aquellas personas que “participen y promuevan la gestación por sustitución” fuera de los supuestos permitidos enfrentarán sanciones que van desde los 6 hasta los 17 años de prisión.

 

“Esta técnica de reproducción asistida ha generado un negocio que va contra la dignidad humana”, asegura el dictamen, ya que las lagunas legislativas son aprovechadas para “los abusos, las malas prácticas y el abandono” de solicitantes, gestantes o bebés.

 

Por el momento, las medidas tomadas por Tabasco afectan directamente a los centros de maternidad subrogada que se acogen a la ley de este estado para prestar sus servicios, ya que aproximadamente el 60 % de quienes acuden a la clínica son progenitores solteros o parejas del mismo sexo.

 

Davydov señaló que normalmente los clientes -también el 40 % de parejas heterosexuales que llegan por problemas de fertilidad- son aquellas personas que ya han agotado los recursos para iniciar un proceso de adopción.

 

La maternidad subrogada es, muchas veces, “la última opción de estas parejas”, reivindicó el abogado frente al adverso panorama que se cierne para las clínicas.