El futuro de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está desde esta noche en manos de 513 diputados, después de que una comisión parlamentaria decidió que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a su destitución.

 

La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que comenzó por la tarde y duró casi doce horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil. El anuncio del resultado fue recibido con una ovación por los diputados opositores, que agitaron banderas brasileñas, gritaron “fuera Dilma” y entonaron el himno nacional.

 

La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Jovair Arantes, quien reafirmó el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político. 

En su informe, Arantes aceptó que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

 

En la Cámara baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todo apunta a una ligera ventaja para la oposición.

 

En la sesión, fue escuchado nuevamente el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras “faltas” administrativas, que no bastarían para una destitución.