La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien pretendía obtener una indemnización por daño moral de la Secretaría del Trabajo, quien difundió información sobre su situación laboral y legal.
Los ministros del alto tribunal concluyeron que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información que sea considerada de interés público, y que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.
Asimismo, determinaron que el caso Gómez Urrutia constituía un tema de relevancia pública, en el que se encontró justificada la difusión de la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En 2008, la dependencia negó la toma de nota a Gómez Urrutia, en virtud de que éste no había acreditado tener una relación laboral mínima de cinco años, se encontraba fuera del país y existían averiguaciones previas en su contra.
Dichas averiguaciones por los delitos de administración fraudulenta, fraude específico en grado de coparticipación y fraude específico en su modalidad de administración fraudulenta y asociación delictuosa.
El asunto se originó por la publicación de un boletín de prensa en el que la STPS exponía las razones por las que había negado la toma de nota, así como una entrevista al titular de la dependencia sobre dicha negativa.
Al respecto, Gómez Urrutia demandó el pago de una indemnización por daño moral alegando que la información difundida por la Secretaría del Trabajo constituía una actividad administrativa irregular del Estado, al haberle causado una afectación a su honra y dignidad.
Los ministros concluyeron que atendiendo a las especiales circunstancias del caso, Gómez Urrutia debía ser considerado una persona de impacto público, al haberse visto inmiscuido en uno de los conflictos mineros más relevantes en los últimos años.
Además, al haber pretendido ejercer un cargo directivo en uno de los sindicatos más importantes del país, cuyos agremiados tenían derecho a ser informados sobre un suceso que repercutía en el ejercicio de sus derechos laborales.
La Suprema Corte determinó negar el amparo a Gómez Urrutia, y afirma que la actividad de la Secretaría del Trabajo y de su entonces titular no constituía una actividad administrativa irregular.