El Senado de la República aprobó en comisiones la iniciativa presidencial para la creación de zonas económicas especiales, para detonar del desarrollo de la región sur-sureste del país.

 

El dictamen plantea la creación de tres áreas económicas especiales: la de Tapachula, Chiapas; la del Corredor Interocéanico, que abarca de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, en Oaxaca, y la de Lázaro Cárdenas, que incluiría los estados de Michoacán y Guerrero.

 

El senador panista Juan Carlos Romero Hicks comentó que se hicieron algunas modificaciones a la iniciativa original con el fin de darle un sentido de desarrollo integral a estas regiones y que el crecimiento económico vaya apegado al progreso social de las comunidades que se prevé beneficiar.

 

El dictamen avalado y que se prevé sea aprobado esta semana por el pleno del Senado, tiene una veintena de modificaciones a los 50 artículos de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2015.

 

La iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2015 y busca cerrar la brecha de desigualdad económica entre el norte y el sur del país, al generar inversiones, crecimiento, empleo y bienestar en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

 

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; Comercio y Fomento Industrial; Población y Desarrollo; Estudios Legislativos; Asuntos Fronterizos Zona Sur; Especial Sur-Sureste y Especial de Productividad, avalaron el dictamen por mayoría de votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y PVEM. Los senadores perredistas votaron en contra.

 

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expuso que por las modificaciones que se realizaron se requerirá del aval de los cabildos y de los congresos estatales en las regiones que, por decreto, se determinen como zonas económicas especiales.

 

Asimismo, que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hagan consultas para garantizar y salvaguardar los derechos de los pueblos originarios.