El debate se reactivó la semana pasada. En la Cámara de Diputados, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para eliminar las pensiones vitalicias que reciben Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón –misma que, si no hay un cambio legal, comenzará a recibir Enrique Peña Nieto después del 1 de diciembre de 2018-.
Según una de las legisladoras que presentó el proyecto, están enviando cartas “a los expresidentes para que renuncien de manera voluntaria a sus pensiones y a todos los privilegios que son pagados por los mexicanos” (Cámara de Diputados, 2016). Pero ante la provocación lanzada por Movimiento Ciudadano, quién no tardó en responder fue el expresidente Vicente Fox. En entrevista con el periodista Alejandro Cacho, el guanajuatense rechazó la propuesta y sostuvo que él “vive de eso” y que él “sí lo necesita”. Mejor, dijo, sería reducir de 500 a 300 el número de diputados, “mayormente vagos”, según Fox (Noticias MVS, 2016).
Éste no es un tema novedoso, por eso sostengo que se reactivó. Se recicla de distintas formas a través del tiempo. En septiembre de 2011, Mario Di Constanzo –entonces diputado del Partido del Trabajo, hoy presidente de la CONDUSEF en el gobierno de Peña- presentó una ley para regular las pensiones, fijarlas en 9 salarios mínimos diarios –unos 20 mil pesos al mes a niveles actuales- y establecer que los expresidentes no podrán recibir ninguna otra remuneración mientras reciban éstas (Cámara de Diputados, 2011).
Y en septiembre de 2015, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, presentó un proyecto para reducir la pensión vitalicia de los expresidentes a 25 salarios mínimos diarios, es decir, unos 53 mil pesos al mes (Cámara de Diputados, 2015). Ante prensa, Martínez Neri recalcó que “los expresidentes deberían gozar de algún beneficio, pero no en el sentido que actualmente se tiene, porque se tiene un sueldo de secretario de Estado y eso no es correcto” (El Universal, 2015).
Pero, ¿a cuánto equivalen las pensiones? Según el estudio “Pensiones expresidenciales” de Ernesto Villanueva Villanueva y Hilda Nucci González –ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-, “dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación” se determina que “un expresidente percibirá por concepto exclusivo de pensión, la cantidad de 205 mil 122 pesos al mes”.
No es casualidad que en México este tema resurja una y otra vez. El revanchismo social hacia los políticos es algo que le trae muchos aplausos a los que lo explotan. Una parte de ese sentimiento es justificada, sin duda, pero legislar a partir de la venganza tampoco es la salida. En el caso mexicano, una pensión a los expresidentes no es algo negativo per se. Países como EU, Francia, España, Italia, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, entre otros, las dan también a sus exmandatarios.
Un aspecto que sí es claramente negativo es el carácter vitalicio. Un reportaje de este diario sobre las pensiones de los expresidentes cita una salida, en mi opinión, balanceada: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, “en países desarrollados, como Alemania o Noruega, se pagan remuneraciones a sus expresidentes, pero sólo hasta que consiguen un trabajo o pasa el tiempo de ley para acceder a otro cargo público”. Suscribo este enfoque. En una democracia funcional, ningún privilegio debería ser para toda la vida, ya que se daña el sentido mismo de igualdad entre los ciudadanos.
Propongo que el monto de las pensiones presidenciales esté ajustado a una métrica móvil que garantice su adecuación a la realidad nacional en un contexto determinado –si el país sufre económicamente, las pensiones deben ajustarse-. Y en segundo lugar, que sean temporales, no vitalicias. Estos dos cambios podrían ayudar a que este tema deje de usarse para alimentar la antipolítica o para azuzar a la sociedad.