Varias ONG mexicanas denunciaron hoy que en los últimos años hay un patrón que se repite en las detenciones arbitrarias a defensores de derechos humanos y exhortaron al Gobierno a atender cinco resoluciones de las Naciones Unidas en esta materia.
“Sin lugar a dudas, estas cinco resoluciones que emitió la ONU por parte del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria nos pone sobre la mesa un patrón” cuando se trata de defensores de derechos humanos, destacó en rueda de prensa la activista Yesica Sánchez.
En el evento, donde se presentaron las cinco detenciones arbitrarias de activistas del 2013 a la fecha que obtuvieron resolución de la ONU, la directora adjunta de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca expuso que el Gobierno mexicano “ha generado un proceso y un modelo de actuación”.
Esta va desde la actuación de las fiscalías locales o federales a detenciones arbitrarias e ilegales, que son “el vicio de origen” de este tipo de arrestos, luego de señalar que estos cinco casos “solo son paradigmáticos” de un problema recurrente en el país.
Ante “esta nueva etapa” del Gobierno federal, consideró “lamentable” que sean las instituciones internacionales quienes denuncien las violaciones de derechos humanos, en lugar de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México o las comisiones de cada estado dedicadas a esta labor.
Por el contrario, denunció que estos organismos, en algunas ocasiones, se dedican a “deslegitimar” y “estigmatizar” a los presos políticos.
El proceso de difamación y maltrato continúa -prosiguió Sánchez- porque ya en prisión se traslada a estas personas a penales de alta seguridad donde reciben “tratos crueles e inhumanos”, tanto ellos como sus familiares cuando van de visita.
El Gobierno mexicano ha sido notificado desde 2014 hasta diciembre de 2015 de cinco opiniones oficiales del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en las que consideró que hubo irregularidades en los procesos penales de estos defensores de derechos humanos.
Por ello, las ONG “interpelamos al Estado mexicano para que pueda informar de manera pública del seguimiento que va a dar a estas cinco opiniones”, señalaron.
“México tiene un desafío mayor y un reto sobre cómo dar cumplimientos a los compromisos internacionales que firmó”, apuntó Sánchez.
Recordó que en cada resolución se argumenta el porqué son violaciones a derechos humanos y son arrestos arbitrarios.
Asimismo, las organizaciones pidieron la liberación de las tres personas que todavía siguen en prisión y sin sentencia de los cinco casos que expusieron hoy ante los medios de comunicación.
Pusieron el ejemplo del abogado defensor de los derechos de los indígenas Librado Baños, detenido en su casa y sin orden de cateo en agosto de 2013 y frente a uno de sus hijos menor de edad.
En prisión, y debido a los golpes propinados por las autoridades durante su arresto y posterior interrogatorio, perdió uno de sus ojos, que había sido operado recientemente, y el otro solo mantiene un 30 % de visión, denunció en este acto su compañera Eva Rivero.
Sobresale el caso del periodista maya Pedro Canché, quien ya fue liberado, al que encerraron por supuesto sabotaje, “un delito amplio y ambiguo”, cuando se encontraba cubriendo una manifestación en una localidad del estado suroriental de Quintana Roo, resaltaron desde la ONG Artículo 19.
En los nueve meses que duró su encierro fue trasladado a un módulo de alta peligrosidad, donde fue golpeado y hostigado por custodios, quedando lesionado de la columna vertebral.
El 29 de mayo de 2015 fue liberado luego de que un juez dictaminara faltas en el debido proceso e irregularidades en la investigación.