En los últimos 13 días, los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, así como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), cada uno por separado, rindieron cuentas ante los mexicanos por presuntos delitos cometidos por las fuerzas armadas y policías federales en contra de civiles detenidos.
En un hecho inédito, el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, y el maestro Renato Sales Heredia, comisionado nacional, ofrecieron disculpas por la tortura a Elvira.
“Procede pedir perdón y procede asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan “, reconoció ayer Sales Heredia en la inauguración del Programa Nacional de Capacitación Policial en derechos humanos, de la CNS.
En el video se observa a dos soldados y una agente de la Policía Federal que golpean, torturan con asfixia, humillan, insultan y apuntan con un arma en la cabeza a Elvira, de 22 años de edad, quien estaba maniatada y sentada en el piso. Por estos hechos fueron suspendidos tres agentes federales.
El sábado Cienfuegos Zepeda también ofreció una disculpa.
“Son estos sucesos repugnantes, que aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio que dignamente hemos ganado en más de 100 años de lealtad”, subrayó el General.
Amnistía Internacional reconoció que la disculpa del secretario es un primer paso hacia un nuevo enfoque oficial para emprender acciones eficaces en busca de sancionar y prevenir violaciones a los derechos humanos, pero condenó que calificara la situación como “hechos aislados”
El pasado 6 de abril, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, también admitió la participación de marinos en actos de tortura.
“Yo pedí que estos marinos fueran inmediatamente a prisión, quedarán a disposición de un juez civil para sean fueran juzgados”, subrayó el Almirante.
La Semar solicitó a la PGR que procesara a los cinco elementos del Séptimo Batallón de Infantería acusados de tortura y violencia sexual, crímenes cometidos en abril de 2012 contra seis mujeres detenidas en Veracruz y que derivaron en la primera Recomendación de la CNDH en este año.
En Guerrero, persiste la tortura
A pesar de los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos, prevalece la incidencia de los delitos de desaparición forzada, abuso sexual, homicidio y tortura.
Tan sólo en Guerrero, donde dos elementos del Ejército y una Policía Federal torturaron a una mujer, hechos que se dieron a conocer el jueves pasado cuando el video fue subido a redes sociales, la Comisión de Derechos Humanos estatal documentó 54 casos de tortura, entre 1994 y 2014; sin embargo, los fiscales no han emitido ninguna acusación por ese delito y tampoco ha habido ninguna condena, revela el informe “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero” elaborado por investigadores de la Open Society Justice Initiative (OSJI).
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), OSJI, Amnistía Internacional, Human Rigth Watch, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Centro Prodh) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido diversos informes y recomendaciones dirigidas a las autoridades mexicanas por estos crímenes.
“Muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la Policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con el crimen organizado”, declaró en octubre de 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU, con motivo de su visita a nuestro País.
El relator especial de la ONU, Juan Méndez, denunció en el Informe presentado en mayo de 2015 que la tortura es generalizada en México.
La respuesta reciente del Gobierno mexicano ha sido criticar, minimizar el problema y desacreditar los Informes de organismos internacionales.
¿Quién es la mujer torturada?
Elvira, de 22 años de edad, es la mujer torturada que aparece en el video. Fue detenida por soldados y policías federales el día 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la federación en Iguala. La PGR inició la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/017/2015 en la que se le acusa, lo mismo que a José, de 32 años de edad, y Juan de 35, ambos originarios de Arcelia, de posesión de tres Cuernos de Chivo, un fusil AR15, una pistola y 199 cartuchos.
El MP federal halló los elementos de prueba suficientes en su contra y la consignó al penal federal de Nayarit.
Medios locales publicaron su foto y que está relacionada con una célula de la Familia Michoacana.
Sin embargo, de comprobarse que afectaron su libertad, su integridad personal y psicológica, que fue obligada a declarar, que hubo violaciones al debido proceso y que las evidencias son inválidas, podría alcanzar su libertad e incluso tendría derecho a recibir una indemnización por parte del Estado.
Se omitieron los apellidos de la víctima para proteger su identidad.