BRASILIA. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, insistió en que el país está bajo la amenaza de un “golpe” que sembrará desestabilización, al tiempo que el Senado abría el trámite para definir si responderá a un juicio que le puede costar el cargo.
“Hicimos un ajuste fiscal muy fuerte”, explicó en alusión a las medidas adoptadas para enfrentar la crisis de la economía nacional, pero subrayó que la austeridad adoptada por el gobierno “preservó todos los programas sociales” y evitó apretar a los más pobres.
En los últimos días, fuentes cercanas al vicepresidente Michel Temer, enemistado con la mandataria y quien asumiría la Presidencia si Rousseff fuera destituida, han dicho que los programas sociales son una “conquista” de los brasileños y “siempre” serán mantenidos.
Rousseff volvió a negar las acusaciones formuladas contra ella, que se refieren a maniobras fiscales irregulares para maquillar los resultados del Gobierno en los años 2014 y 2015, y sostuvo que se trata de prácticas contables incluso usadas por otros gobiernos.
“No hay dolo, no hay dinero desviado, no hay corrupción”, dijo una y otra vez la presidenta, quien llegó a afirmar que en todo el proceso en su contra hay un “componente fuerte” de machismo.
“Han dicho que estoy nerviosa, histérica, desequilibrada y hasta han insinuado que soy autista”, manifestó Rousseff, quien aseguró que “esto no pasaría si el presidente fuera un hombre”.
El trámite comenzó hoy con la lectura de un informe remitido por la Cámara baja, lo que abrió un período de 48 horas para que los partidos representados en el Senado designen a los 21 miembros de una comisión especial que analizará las denuncias.